La alcaldesa Daniela Peñaloza informó que la Municipalidad de Las Condes recibió el resultado de una auditoría externa. Esta fue realizada para indagar las posibles irregularidades en la compra de un terreno para construir un Centro de Salud Familiar (Cesfam).
Todo nace a raíz de una denuncia de un grupo de concejales, quienes acusan que se produjeron los delitos de falsificación de instrumento público, fraude al fisco y estafa. Esto el posible sobreprecio en la compra de un inmueble que será utilizado para levantar el recinto.
La acusación de los concejales Patricio Bopp, Catalina San Martín, Leonardo Prat y Sergio Melnick, apunta al pago de $852 millones, en la adquisición de una casa ubicada en Nueva Delhi 1775. Dicha propiedad pertenecía a Vulcon Asset Management SpA. Esta pertenece al extenista Paul Capdeville.
Dicha compra se efectuó a fines de diciembre de 2022. Pero, el 24 de noviembre de ese mismo año fue comprado por la mencionada empresa en $422 millones.
“Solo errores administrativos”
A través de Twitter, Peñaloza explicó que “recibimos la auditoría externa encargada de abogados expertos para que revisaran de forma exhaustiva todo el proceso de compra del terreno para el nuevo Cesfam”.
“El informe es tajante, claro y preciso al señalar que hubo errores administrativos, falta de coordinación y control por parte de las unidades internas, así como cambio en el modelo de adquisición de la última casa, cambios que no me fueron consultados ni tampoco informados”, agregó.
Junto con ello, detalló que “esta investigación y todos los antecedentes que manejo hablan de errores administrativos, pero no de delitos. Hemos entregado este informe a los concejales”.
“También lo hice llegar a la Fiscalía Nacional, a la Contraloría General de la República, al igual que a la fiscal que lleva el sumario interno en el municipio, para que se logre así determinar las responsabilidades personales en estos errores administrativos”, añadió.
Finalmente, señaló que el concejo seguirá avanzando en el proceso para construir un nuevo cesfam, sobre todo considerando el colapso en la salud pública.
De momento, continúa la investigación penal que determinará si efectivamente hay o no delitos en este caso.