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Defensa de Crespo recurre al TC: ingresó recurso que podría beneficiar a policías en causas de DDHH

24 enero 2022 | 20:17

La defensa del exuniformado acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el 18-O, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de inaplicabilidad de una causa anterior en su contra por apremios ilegítimos en Huechuraba. Según abogados dedicados a tramitar casos de violación de Derechos Humanos, si se acoge, podría cambiar el rumbo de incontables litigios donde se le imputan delitos a policías.

El abogado defensor del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, ingresó un recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional (TC) para que se anule una causa por ataques a un joven de 22 años en una manifestación en Huechuraba.

Cabe destacar que Crespo está acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el denominado estallido social, tras disparar en su contra.

En 2018, el exfuncionario de la institución uniformada estaba imputado ya que habría golpeado a un hombre de 22 años, lo que disminuyó su visión, durante el Día del Joven Combatiente.

Según lo explicó La Tercera, la defensa de Crespo, el abogado Pedro Orthusteguy, indicó que el ilícito sería “ley penal en blanco”, lo que significa un delito que no estaría claro cuál es la conducta que se pena, por lo que la persona no sabría si está cometiendo un ilícito.

“Esto constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar constitucional que el principio de legalidad exige”, plantea en el documento entregado al TC.

Ante el recurso, se presume que si este es acogido, el Tribunal Constitucional podría “abrir una puerta” para que las causas que trabajan con los Derechos Humanos —en específico los apremios ilegítimos— se desechen.

En la misma línea, tanto el Ministerio Público como los abogados a cargo de estos casos, están preocupados de que esto escale, ya que incluso podría llegar hasta la causa de Gustavo Gatica.

“Debiera estar destinado a ser rechazado por el TC”

Ante esto, el abogado Rodrigo Bustos, dedicado a tramitar causas de derechos humanos, indicó que “se trata de un requerimiento que debiera estar destinado a ser rechazado por el TC porque la normativa de la ley de tortura de 2016 hay que interpretarla de manera sistémica”.

Además, agregó que “si se acogiera el requerimiento entraríamos en un escenario en donde causas por apremios, anteriores y posteriores al estallido social, podrían ser paralizadas por largo tiempo”.