El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del liquidador de la quiebra de la Universidad del Pacífico, Carlos Parada Abate, quien se mantiene en prisión preventiva en el penal Santiago Uno desde el 22 de diciembre recién pasado.
De esta manera el tribunal mantuvo la orden de arresto dictada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de la formalización que realizó el fiscal Felipe Sepúlveda, que le imputó a Parada los delitos de negociación incompatible y ventajas indebidas al acreedor en calidad de autor.
La jueza Macarena Muñoz argumentó que “los antecedentes expuestos por la defensa no tienen el peso suficiente para desvirtuar los elementos que se tuvieron a la vista al momento de decretar la prisión preventiva del imputado”.
En la audiencia ante el juzgado de garantía, el abogado Samuel Donoso, querellante en el caso en representación de la empresa Standard, reveló una nueva denuncia ante la justicia contra Parada, esta vez, por presuntas irregularidades en la quiebra de la empresa Onix cuyo fundador, Alberto Chang, se encuentra en Malta tras una millonaria estafa a sus clientes.
Se trata del pago de acreencias en la quiebra del grupo Arcano a tres hermanas de la esposa del liquidador, Paola Gil Nigeovic, y uno de sus cuñados. Parada les hizo reparto de fondos a estas personas, y luego ellas, a los pocos días, le transfirieron gran parte de los dineros que él les entregó.
“No hay nuevos antecedentes que puedan cambiar lo resuelto por la Corte, menos estos antecedentes tienen relevancia en los graves hechos que pesan sobre Parada. Es más, los nuevos antecedentes vinculados a la quiebra de Chang son muy graves. Haber validado los créditos de sus cuñadas, haber hecho reparto de fondos a sus cuñadas, y que después éstas le vuelvan a depositar estos fondos en su cuenta corriente a Parada, es algo extremadamente grave. La investigación recién se inicia y esperamos que pronto exista una formalización sobre estos hechos, que revisten uno de los delitos más graves del código” afirmó Donoso.
En la formalización del 30 de noviembre pasado, el fiscal Sepúlveda describió tres hechos de carácter ilícito, apuntando al interés de Parada por adjudicarse la quiebra de la universidad y los créditos que aprobó a las empresas acreedoras, Inmobiliaria San Damián y Bicapitals, de propiedad de su amigo Alfonso Vásquez, por siete mil 404 millones de pesos y 390 millones de pesos respectivamente.
Además del proceso penal, Parada enfrenta una investigación administrativa donde el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, solicitó la remoción del liquidador ante el 25° Juzgado Civil de Santiago y pidió su suspensión inmediata.