La familia de Simón Acuña, uno de los imputados en el caso Convenios en la región del Bío Bío, acusó la existencia de una red de protección a favor del exgobernador regional, Rodrigo Díaz.
Lo anterior surge luego de un reportaje de la Unidad de Investigación de BioBioChile, el cual da cuenta de la mensajería y comunicaciones que buscaron blindar al exjefe del Gobierno Regional (GORE) y buscar asesoría para Camila Polizzi.
La investigación expone de igual manera cómo las altas jefaturas del GORE del Bío Bío intentaron contener la crisis que provocó la explosión del caso Convenios, y en particular el caso de la Fundación En Ti, de la también excandidata a alcaldesa.
Familia de imputado en caso Convenios apunta a red de protección a favor de Rodrigo Díaz
En el intento por afrontar el problema en materia comunicacional, hubo coordinaciones e incluso se pidió asesoría mediante un tercero para contactar a Polizzi frente a las declaraciones que debía realizar Rodrigo Díaz a requerimiento de la prensa.
Germán Acuña, padre de Simón Acuña; uno de los imputados que estaba a cargo de la división de Desarrollo Social, acusó que el reportaje demuestra que existe una intención de blindar a Díaz de su responsabilidad en el caso Convenios.
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El padre del acusado agregó que acá está ocurriendo lo contrario a lo que sucede actualmente con el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien está siendo investigado por Fiscalía en el marco del caso Procultura.
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El exalcalde de Hualpén y actual consejero regional, Marcelo Rivera, sale nombrado también en medio del intercambio de mensajes develado por BBCL Investiga.
Su rol fue asesorar y aconsejar a Camila Polizzi respecto de los pasos a seguir. Así lo comentó Rivera, quien dijo que no recuerda quién lo contactó desde el GORE. Añadió que conocía a la ahora imputada cuando fue candidata a diputada.
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Recordemos que en la arista de la Fundación En Ti, la fiscal María José Aguayo comentó que están solicitando entre 4 y 15 años de cárcel efectiva para quienes lideraban la sociedad, que según Fiscalía, era arrendada para perpetrar fraudes.