La fiscal del caso Convenios descartó que la auditoría de la Gobernación Regional del Bío Bío reste responsabilidad a los ya imputados o pueda servir para decidir nuevas formalizaciones. Una opinión distinta tiene la defensa de Simón Acuña, exfuncionario público investigado, al asegurar que el informe establece dónde estuvieron las faltas respecto de los recursos transferidos.

Hace unos días, el propio gobernador Sergio Giacaman entregó al Ministerio Público la auditoría externa encargada tras el escándalo de las fundaciones que durante la anterior administración recibieron miles de millones de pesos.

Fiscalía investiga delitos, no responsabilidades administrativas

Consultada la fiscal del caso Convenios, María José Aguayo, confirmó la recepción y el estudio que realizó la Fiscalía del informe, deslizando que los hallazgos de esa auditoría tienen más relación con lo administrativo y no con lo penal.

“Como fiscal uno investiga delitos, no investiga responsabilidades administrativas al efecto”, explicó la persecutora.

Las conclusiones de la auditoría han sido utilizadas por imputados en la revisión de medidas cautelares, argumentando que precisan las responsabilidades por los convenios suscritos por el GORE Bío Bío. Al respecto, la persecutora indicó que el informe no sirve para rebajar los cargos ya imputados o apuntar a otros como responsables.

Una opinión en el sentido contrario tiene el abogado Javier Pereira, a cargo de la defensa del ex jefe de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Simón Acuña, expresando su preocupación por el poco valor que el Ministerio Público da a la auditoría.

Justamente con el documento es que la defensa de Acuña insistirá en la Corte de Apelaciones de Concepción para rebajar el arresto domiciliario total que cumple Simón Acuña desde hace 19 meses.