El gobernador Sergio Giacaman confirmó el requerimiento a la Fundación Antonia para que restituya 51 millones de pesos por concepto de un irregular pago de sueldos. El argumento de fondo apunta a María Consuelo Hermosilla, presidenta de la fundación, por no haber cumplido los requisitos para el cargo que ocupó en el marco del convenio que suscribió con el Gobierno Regional del Bío Bío.
Por su parte, desde la Fundación respaldaron la trayectoria y experiencia de Hermosilla, indicando que quién más que ella podía asumir como coordinadora del programa.
Fue a través de un correo enviado desde el Gobierno Regional a la Fundación Antonia, este miércoles, que se solicitó la devolución de parte de los 350 millones de pesos transferidos el 2022 como parte del convenio para el Programa de Atención y Formación de Sobrevivientes de Violencia de Género.
El gobernador Sergio Giacaman confirmó la información adelantada por Radio Bío Bío, explicando que la restitución de 51 millones de pesos tiene que ver con los sueldos percibidos por María Consuelo Hermosilla, en su calidad de enlace entre su fundación y el Gore, al no cumplir con los requisitos para el cargo y que fueron establecidos en el convenio.
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Fundación defiende trayectoria de directora
Hermosilla percibió 2,2 millones de pesos mensuales como sueldo, a pesar de no tener un título académico y por eso el requerimiento a la Fundación Antonia. Al respecto, la vocera Josefa Araya se refirió a la experiencia de la presidenta, pero no a la calidad profesional que de acuerdo al gobernador debía tener, según el convenio.
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Además, a raíz de este mismo antecedente es que el Gobierno Regional no ha transferido 65 millones de pesos que la fundación asegura, se le adeuda desde el año pasado, como lo señaló el gobernador Giacaman.
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Los incumplimientos de la Fundación Antonia quedaron en evidencia en el marco de una Comisión de Cierre de Proyectos, instalada al asumir Giacaman, y que hasta ahora ha detectado 86 mil millones de pesos sin ser rendidos por los convenios cuestionados a nivel administrativo y penal.