Con una dura crítica a la justicia por la falta de celeridad para la detención de los condenados, reaccionaron los familiares de las víctimas del caso Operación Alfa Carbón tras el suicidio del oficial en retiro del Ejército, Marcos Derpich, sentenciado por la matanza de miembros del MIR durante la dictadura.
En medio del proceso de notificación de las condenas por la Operación Alfa Carbón se conoció el suicidio en Santiago de quien fuera jefe regional de la CNI, Marcos Derpich Miranda, condenado como responsable de los asesinatos de siete miembros del MIR en 1984 en Concepción, Los Ángeles y Valdivia.
El cuerpo sin vida del coronel (r) del Ejército fue encontrado al interior de un automóvil en las inmediaciones de la Plaza Las Lilas, en Providencia, indicándose preliminarmente que la muerte se habría causado con un arma de fuego.
Derpich, era uno de los 15 condenados por violación de derechos humanos, que debía cumplir una pena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita.
Críticas por lentitud de justicia
Patricia Zalaquette, viuda de Nelson Herrera, asesinado en el episodio Vega Monumental en Concepción, se manifestó en shock con la noticia, subrayando en la forma del condenado para evitar pagar por sus crímenes.
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Por su parte, el abogado querellante, Adolfo Montiel, lamentó en lo humano lo ocurrido, pero igualmente relevando en la decisión de Derpich de evitar el cumplimiento de la sentencia.
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Pero también había molestia entre los familiares de las víctimas, como lo dijo la viuda de Nelson Herrera, al cuestionar la lentitud del Poder Judicial y la PDI en la detención de los condenados, aseverando que ellos preveían un riego de fuga o de suicidio.
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Efectivamente de los 15 condenados por la Operación Alfa Carbón, que apuntó a descabezar el MIR en el sur de Chile, hay sólo dos notificados e ingresados al penal Bío Bío, decisión tomada por el ministro Carlos Aldana después de ser informado por Gendarmería que el penal Punta Peuco no tiene cupos para recibir nuevos uniformados condenados por delitos de lesa humanidad.