Para abril del próximo año fue aplazado el juicio que debía comenzar este miércoles en el Tribunal Oral de Concepción, en contra de seis miembros de la Armada acusados de la brutal golpiza a un civil fiscalizado en medio de la pandemia en la comuna de San Pedro de la Paz.
El argumento para reprogramar el procedimiento fue la licencia médica de uno de los seis marinos imputados por el delito de apremios ilegítimos contra la víctima, Carlos Jarpa, quien se encontraba en su vehículo en mayo de 2020, cuando fue sometido a un control sanitario.
La solicitud fue del abogado defensor particular, Pelayo Vial, sin que el fiscal Nelson Vigueras ni la abogada Carolina Alvear, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se opusieran, y por ello reagendándose el juicio para el 15 de abril de 2024.
Además, influyó en la resolución del Tribunal Oral las cautelares de baja intensidad que cumplen los uniformados de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
Lo anterior, considerando que la pena que arriesgan los acusados es de 3 años de libertad vigilada o con remisión condicional.