El juez de Garantía, Iohan León, realizó duras críticas con el fiscal, querellantes y abogados involucrados en la causa por daños al campus de la Universidad de Concepción (UdeC) durante el estallido social, por no oponerse a la petición de reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral contra los adultos acusados.

Esta es la sexta vez que la instancia es reprogramada el caso por los millonarios daños que dejaron las protestas en la UdeC en 2020, por las cuales la Fiscalía condenó ya a los menores edad acusados, quedando seis adultos, cuya preparación de juicio oral debía realizarse este lunes.

Sin embargo, fue la solicitud del defensor privado, Raúl Bustos, la que obligó al Juzgado de Garantía a reagendar la audiencia.

El magistrado, Iohan León, criticó no sólo a quien pidió la suspensión, sino también a fiscal, a los querellantes y los otros defensores por no oponerse a la solicitud.

“Lo que llama la atención al tribunal es que todas las partes estén de acuerdo con esta presentación tan intempestiva, entonces ¿qué puede hacer el tribunal ante situación?”, dijo el magistrado.

Al tribunal no le gustó que el abogado Bustos pidiera la reprogramación el mismo día de la audiencia, explicando el defensor privado que lo hizo porque intentó hasta el último momento delegar en otro profesional la preparación del juicio. Sin embargo, agregó, no puede ser aceptada la crítica del juez de Garantía.

“Me parece muy extraña la conducta del magistrado, en el sentido de hacer este tipo de comentarios”, enfatizó.

En un intento de explicar la postura del Ministerio Público al no oponerse a una nueva fecha, el fiscal Guillermo Henríquez indicó al tribunal que lo óptimo era zanjar la situación procesal de una sola vez, admitiendo la posibilidad de procedimientos abreviados y así evitar un juicio oral que podría demorar meses.

Con todo, quedó fijada para el 4 de julio próximo la audiencia y donde debería definirse si el bullado caso por los daños a la UdeC termina con abreviados y sanciones menores, o se va a un juicio oral en el cual los acusados podrían enfrentar penas de cárcel efectiva.