La justicia mantuvo la prisión preventiva para los dos gendarmes del penal Bío Bío y una particular, todos imputados por el delito de cohecho. La investigación de la Fiscalía sindica a la mujer por el pago de coimas a los uniformados, a cambio de ingresar teléfonos celulares a la cárcel.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la cautelar que había decretado el Juzgado de Garantía en el caso de lo que el Ministerio Público calificó como una “empresa” dedicada a la venta de elementos prohibidos al interior del penal Bío Bío.
A raíz de la investigación de la Fiscalía, dos gendarmes y la mujer que les pagaba por ingresar teléfonos celulares a la cárcel quedaron en prisión preventiva, medida que se mantuvo, según explicó el fiscal Patricio Aravena.
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El fallo del tribunal de alzada dio la razón al persecutor, rechazando los argumentos de la defensa, lo que no fue compartido por el abogado César Ramírez, quien insistirá en desvirtuar los ilícitos imputados.
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El persecutor sostuvo que quedó claro ante la Corte de Apelaciones el peso de las pruebas hasta ahora recopiladas, utilizadas para imputar y obtener la prisión preventiva.
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La conducta de los suboficiales Mauricio Benítez y Francisco Montecinos era seguida de cerca por el Departamento de Investigaciones de Gendarmería, que junto a la Fiscalía interceptó conversaciones telefónicas que permitieron establecer que el nexo entre la mujer imputada, Roxana Castro, y los gendarmes, era un interno dedicado a la venta del celulares en el penal Bío Bío.