El Ministerio Público llamó a las autoridades de gobierno en el Bío Bío a garantizar la seguridad en las calles. El emplazamiento de la fiscal Marcela Cartagena fue en respuesta a comerciantes respaldados por el intendente Sergio Giacaman, quienes criticaron a los fiscales por no visitar los locales saqueados en Concepción.

Fue el miércoles cuando Caroline Ortega, vocera de un grupo de comerciantes penquistas, llegó a la Fiscalía Regional con el intendente Sergio Giácaman. En el lugar, además de pedir un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los robos en locales comerciales, la dirigenta y la autoridad de gobierno criticaron el bajo número de personas que queda detenida tras ser formalizada por saqueos.

Pero la crítica más dura fue por el hecho de que los persecutores no se hicieran presente en el lugar de los hechos, es decir, en las tiendas saqueadas e incendiadas, principalmente en el centro de Concepción, cuestionamiento al cual se refirió la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, emplazando al intendente Giácaman a garantizar la seguridad en las calles de la ciudad.

En un tono más conciliador, e intentando dejar de lado el conflicto abierto por él con la Fiscalía, la máxima autoridad regional se excusó de responder a la persecutora jefe y anunció una mesa para buscar soluciones a la violencia y analizar en esa instancia la preocupación de los comerciantes por los perjuicios a su actividad.

No obstante, a la fiscal Cartagena le llamó la atención la postura de la vocera de un grupo de empresarios separado de la Cámara de Comercio penquista, explicando que hace poco se había reunido con los afectados por los saqueos, detallando el Ministerio Público el trabajo para perseguir a los responsables de los robos y la destrucción.