Un sumario lleva adelante el Serviu en contra de un fiscalizador acusado de solicitar el pago de coimas a un empresario a cambio de dar la luz verde para el uso de sus productos en proyectos inmobiliarios. En paralelo el denunciante presentó una querella criminal por soborno, extorsión y amenazas.
Los hechos habrían afectado al dueño de la empresa Maefi, Robinson Figueroa Riquelme, quien como proveedor de tableros y paneles eléctricos para contratistas del Serviu asegura haber sido abordado por el inspector técnico Jorge Barrientos Wells.
El funcionario le habría exigido entre dos y tres millones de pesos para dar el sello de factibilidad a los productos, solicitud que fue rechazada por Figueroa, lo que se tradujo en la pérdida de millonarios contratos con empresas, una de ellas la que desarrolló el proyecto de ampliación de 21 de Mayo.
Los antecedentes fueron entregados por el empresario al Serviu, cuyo director, Juan Pablo González, confirmó la apertura de un sumario, actualmente en desarrollo, “que va a permitir esclarecer los hechos y tomar acciones si es que eso así lo amerita”.
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El funcionario permanece trabajando a la espera de las conclusiones de la investigación administrativa, a la que se suma ahora una querella por los delitos de soborno, extorsión y amenazas, acción legal ya notificada al director del Serviu.
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Consultados sobre la grave acusación, el empresario y su abogado, Mauricio Chacón, optaron por no referirse, a la espera de que avance la investigación en la Fiscalía, conociéndose a través del texto de la querella que desde denunciada la supuesta extorsión los productos de la empresa Maefi han sido rechazados por el Serviu, perdiendo así contratos por casi 300 millones de pesos.