La diputada republicana, Chiara Barchiesi, ingresó un requerimiento dirigido a la contralora general Dorothy Pérez, solicitando que se investigue la licitación de $37,8 millones por el arreglo de los baños colectivos en Cárcel de San Felipe, región de Valparaíso.
Esta situación significó la reubicación de los reos a otros recintos penitenciarios, además de mantener el penal deshabilitado y con riesgos de un eventual cierre funcional.
Según denuncias de gendarmes, la Constructora y Servicios Berroeta SpA, a cargo de la reparación, habría demolido muros de carácter estructurales, tras lo cual el informe de ingeniería declaró el recinto inhabitable.
Es por esto que la parlamentaria pidió examinar la legalidad de la licitación usada para la reparación, barajando la posibilidad de instruir un procedimiento disciplinario contra los funcionarios responsables en la Dirección Regional y Nacional de Gendarmería, así como en el propio Ministerio de Justicia.
A su requerimiento, Barchiesi recordó que en el centro penitenciario se aloja una población de 350 personas privadas de libertad, pese a que su capacidad máxima es de 232 internos, lo que significaría una sobrepoblación y hacinamiento que afectaría incluso a funcionarios.
“En plena crisis carcelaria, cuando el país no tiene plazas suficientes para enfrentar al crimen organizado, es inaceptable que por una obra mal gestionada y por decisiones administrativas poco transparentes terminemos cerrando en la práctica una cárcel completa en la provincia de San Felipe”, señaló la diputada.
Además, la parlamentaria cuestionó la respuesta pública de Gendarmería: “La Dirección Regional emitió un comunicado escueto, que no explica cómo se dañó la estructura del penal, no se hace cargo del rol de la empresa, no asume responsabilidades internas y tampoco fija plazos para rehabilitar el centro penitenciario”, dijo.
Desde el interior del penal, el sargento segundo de Gendarmería y secretario de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) en San Felipe, Francisco Soto, describió la situación que se vive entre los funcionarios.
“Estamos frente a un cierre apresurado de la unidad, sin contar aún con un informe técnico acabado, con todos los estudios que avalen una decisión de este calibre. Eso no solo va en estricto perjuicio de la población penal, sino también del personal uniformado y civil que presta servicio en la unidad y de sus familias”, explicó.
Barchiesi aseguró que llegará hasta el final para que este caso “no quede en el olvido ni se resuelva con un simple traslado de personas”.
Por otro lado, esta acción se suma a otros oficios de fiscalización que en esta misma materia despachó ayer el ministro y al subsecretario de Justicia y a las autoridades de la Dirección Nacional y Regional de Gendarmería.