La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio un plazo de 30 días para que se habilite albergues para las personas que serán desalojadas de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso.
Según dicta la resolución, tanto el municipio como los ministerios de Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, tuvieron tiempo suficiente para buscar un albergue para las personas que serán desalojadas.
En específico, indica que, pese a que la mesa intersectorial de coordinación manifestó en más de una oportunidad que no tienen las atribuciones legales, presupuesto para albergues de desalojo, ni infraestructura municipal adecuada, han tenido “tiempo más que considerable sin que se acredite el cumplimiento de la condición esencial dispuesta por el máximo tribunal”.
Ante esto, se ordena al municipio y ministerios correspondientes, que “dentro del plazo de treinta días corridos den estricto e íntegro cumplimiento al fallo del 22 de marzo de 2024 dictado por la Excma. Corte Suprema, especialmente en lo concerniente a lo dispuesto en el numeral IV de su parte resolutiva, debiendo acreditar fehacientemente ante esta Corte la implementación del recinto transitorio ordenado que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble”.
Pero no solo, eso, ya que deben cumplir la medida “bajo apercibimiento de aplicar, en caso de persistir la inobservancia, una o más de las medidas de apremio contenidas en el numeral 15° del Auto Acordado sobre la materia”.
De esta forma, se deberá garantizar de aquí al 4 de diciembre el albergue para las 10.000 personas que van a ser desalojadas del lugar.
Luego de esto se podría fijar una fecha concreta para el desalojo de la megatoma de San Antonio.
Consultado por la determinación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, preció que “el Gobierno tiene claro que la ley se cumple”.
A su vez, el secretario de Estado agregó que “hasta el último día vamos a tratar de buscar soluciones”, esto considerando la cantidad de familias que están en el asentamiento.
“Hay que tener claro que el desalojo de diez mil familias es algo que genera riesgos de distinta naturaleza. Tenemos que pensar muy bien cada paso”, explicó.
El abogado Diego Pereira, que representa a la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del terreno, valoró la resolución y dijo que “con esto se pone fin a las versiones que hablaron sobre la supuesta suspensión del desalojo, que solo buscaron confundir y generar falsas expectativas entre quienes mantienen ocupado el terreno”.
“Se acaban las escusas, se podrá restablecer el Estado de derecho, el respeto del derecho de propiedad y mis representados podrán recuperar su terreno, después de una lucha de más de cinco años”, enfatizó.
Por su parte, el delegado Presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que “este es un proceso que no se termina, mientras haya espacio se pueden seguir buscando algunas soluciones y alternativas”.
“Independiente de ello, nosotros estamos mandatados y llamados a cumplir la ley”, acotó Riquelme.