Eterna ha sido la espera de la familia del empresario asesinado Alejandro Correa para recuperar el terreno que está ocupado ilegalmente en el sector de Calicheros en Quilpué, en la región de Valparaíso. Al respecto, desde el Serviu indicaron que los dueños deben solicitar y ejecutar la orden de desalojo.

La abogada Jeanette Bruna, que representa a la familia del empresario víctima de sicariato en 2020, apuntó contra el Serviu, indicando que si quieren coordinar el desalojo, lo deben hacer con la Municipalidad de Quilpué, al ser la repartición que solicitó dicha medida.

Fue mediante una declaración pública que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) se refirió a la acción de demolición del terreno ubicado en el sector Calicheros de Quilpué. En el escrito afirmaron comprender la preocupación y desgaste que esta situación ha significado para la familia, y es por eso que han avanzado en las gestiones para cumplir con la medida.

Sin embargo, fueron enfáticos en señalar que, antes de proceder con la demolición, se debe desalojar el terreno, orden que tiene que ser solicitada y ejecutada por los dueños, al tratarse de un predio que es privado.

En tanto, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recalcaron que cumplieron con notificar la demolición de los inmuebles levantados en el terreno y que también oficiaron al Serviu para llevar a cabo el procedimiento; la entidad se encuentra tramitando los recursos para cumplir con este acto cuando existan las condiciones.

No hay orden de desalojo

También se refirió a esta situación el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien confirmó que, hasta el momento, no hay una orden de desalojo de las viviendas que están ocupando ilegalmente el terreno.

Frente a esos dichos del Serviu, la abogada Jeanette Bruna le recordó a las autoridades de gobierno que no fue la familia Correa la que solicitó la orden de demolición, sino la Municipalidad de Quilpué. Por tanto, la coordinación se debe hacer con la casa edilicia.

Desde el Minvu recalcaron que están haciendo las coordinaciones con Carabineros, la Delegación Presidencial y el equipo de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda para cumplir el fallo judicial.