El Ministerio Público confirmó que tanto el requerimiento de información digital como la recopilación de documentos desde las oficinas del Serviu de Valparaíso —enmarcadas en el Caso Convenios— se vinculan a una investigación ligada a la Fundación Procultura.
La Fiscalía Regional también reveló que mantiene cuatro causas abiertas por indagatorias relacionadas a la transferencia de recursos públicos a fundaciones privadas.
El Serviu, por su parte, afirmó que ha facilitado “todo lo que se requiera” y argumentó que los casos investigados refieren a fundaciones con “intervenciones antiguas” en la región.
Son cuatro causas: dos vinculadas a la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Una con la Fundación Arquiduc y, la otra, con Procultura.
Es por esta última arista que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso levantó documentos e información digital desde las oficinas del Serviu, ubicadas en calle Bellavista.
Así lo explicó el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco, quien lidera las aristas del Caso Convenios en la región.
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Además, la Fiscalía aclaró que no se trató de un allanamiento, porque no se contaba con autorización judicial. El director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, aseguró que fue un requerimiento de información.
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La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, la calificó como una diligencia “del todo natural” en el marco de esta investigación.
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Por Arquiduc, el Ministerio Público señaló que indaga las rendiciones de cuentas que ha realizado la fundación por el mismo programa de Asentamientos Precarios, con relación a campamentos de Valparaíso y Viña del Mar.
Asimismo, apunta a esclarecer el decreto de asignación de fondos, los ítems presupuestarios y documentos relacionados. Las investigaciones están desformalizadas y en etapa investigativa.