El Juzgado de Garantía de Viña del Mar ordenó la prisión preventiva e internación provisoria para los dos imputados por el homicidio de un conductor de aplicación ocurrido la noche del pasado sábado en la ciudad jardín, en la región de Valparaíso.

Ambos acusados se encuentran identificados como Martín Pailaqueo Molina y M.A.T.F, de 18 y 16 años respectivamente.

En la audiencia de control de detención, uno de los acusados prestó declaración asegurando que fue el menor de edad quien perpetró las heridas mortales con arma blanca a la víctima.

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Según expuso el fiscal encargado, Gonzalo Inostroza, la víctima se desempeñaba como trabajador en una tienda de colchones ubicada en el Outlet de Reñaca Alto y en sus tiempos libres se dedicaba a ser conductor de la aplicación Uber.

Si bien la Fiscalía señaló que la víctima trabajaba para la aplicación Uber, desde la empresa indicaron que, debido a que la patente aún no es pública, no se ha comprobado que esto sea así, por lo que podría ser de cualquier otra

Tras la solicitud de un viaje por parte de una mujer, lo abordaron los imputados. Estos le robaron su vehículo y, tras oponer resistencia, los sujetos le propinaron diversas heridas corto penetrantes que le causaron la muerte.

Por estrategia de su defensa, el mayor de edad decidió prestar declaración en la audiencia. En concreto, aseguró que fue el adolescente quien propinó las heridas mortales al conductor, acción que habría intentado detener.

“Estaba sentado en la parte de atrás del auto, saca el cuchillo, lo intentó apuñalar, una apuñalada en la cara. Lo traté de parar y llegó una apuñalada en la mano. Nos bajamos, de nuevo le apuñaló. Después de que nos bajamos del auto forcejeamos, me estaba tratando de agarrar“, aseveró.

Al respecto, el magistrado Daniel Zúñiga, resolvió decretar prisión preventiva mientras dure la investigación contra el mayor de edad Martín Pailaqueo.

En cuanto al adolescente, se ordenó su internación provisoria. Esto, ya que si bien no se puede precisar por ahora quién de los dos propinó las heridas mortales, este solo hecho los constituye como una amenaza a la seguridad de la sociedad.

Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.