La Corte Suprema recovó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y falló a favor de la comunidad de Petorca, Cabildo y La Ligua, obligando al Estado a abastecer de 100 litros de agua potable por persona.

Esto, luego que el Instituto de Derechos Humanos presentara un recurso de protección para mejorar el acceso al agua de las personas de dichas comunas.

Hecho que fue altamente valorado por la Institución, quienes en voz del abogado y vocero, Carlos Bellei, señalaron que el falló establece que toda persona tiene derecho humano de acceso al agua potable para vivir. Apuntando en que es el Estado quien debe velar para que cada habitante tenga derecho al recurso hídrico.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre valoró el fallo e indicó que este es un precedente que avanza en la dirección correcta y que espera que el proceso constituyente pueda garantizar el acceso al agua y no sea necesario recurrir a tribunales de justicia para garantizar algo que es básico.

Desde Greenpeace, Josefina correa, directora política de la ONG, lo catalogaron como un logró del Instituto de Derechos Humanos, indicando que el falló corrobora que el acceso al agua es un problema constitucional.

A pesar de esto, desde Greenpeace señalaron que el Gobierno y los que toman decisión no han avanzado lo suficiente para proteger el territorio y a la población del riesgo hídrico que supone la gestión chilena del agua.

Desde todos los sectores señalaron de manera transversal que la nueva constitución debe establecer el acceso al agua para las personas.