La Municipalidad de Iquique terminó el contrato de mantención de luminaria con la empresa Itelecom y la demandó por más de 1.640 millones de pesos, acusando incumplimiento de contrato por parte de la compañía, investigada por el pago de sobornos.
La decisión fue informada a través de un comunicado emitido por la casa edilicia, en el que señalaron que una vez finalizada la instalación de las luminarias y el sistema de telegestión, la Comisión Técnica de Recepción Provisoria del proyecto realizó varias observaciones a la empresa, por fallas en el sistema, “observaciones que nunca fueron subsanadas”.
Justamente esos problemas motivaron al municipio a iniciar la acción legal por $1.640.984.533, “por concepto de indemnización de perjuicios”.
“Se presentó la demanda para reclamar los perjuicios derivados de estos incumplimientos. Y eso es lo que está actualmente en tramitación ante el Tercer Juzgado de Letras en lo civil de Iquique”, señaló Hernán Figueroa García, director de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Iquique.
La causa
El caso Itelecom salió a la luz pública el miércoles 6 de mayo cuando, de forma casi simultánea, efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por órdenes de las Fiscalías de Tarapacá y Ñuble, allanaron las municipalidades del norte y sur del país.
Aquella jornada, en Chillán, fue detenido el entonces administrador municipal y el exasesor jurídico de la comuna, quien, además, ocupa el cargo de Juez de Policía Local en la comuna de Pemuco. A estos, se sumó un tercero: el gerente general de Itelecom.
Tres días más tarde, los tres fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de San Carlos, por el delito de cohecho, violación de secreto y por soborno, respectivamente.
En el norte, la fiscalía le imputó cargos a 15 personas: cuatro concejales, dos funcionarios municipales, al subgerente de Itelecom, a tres representantes de la empresa Elec y a un intermediario entre las empresas. También se sumaron otros dos particulares que eran los mediadores a nivel regional y a un abogado municipal.
Sumado a lo anterior, la Fiscalía abrió una arista por lavado de activos, por lo que se decretó que ambas causas fueran declaradas secretas por la justicia.