La mañana de este viernes será reformalizado por enriquecimiento ilícito y prevarición, el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, quien enfrenta un proceso de expulsión del Poder Judicial.
En tanto, y de forma unánime, el pleno de la Corte Suprema se negó a revisar el fallo que ordenó abrir un proceso de remoción contra el magistrado de O´Higgins, Marcelo Vásquez.
Emilio Elgueta será reformalizado esta mañana por los delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricación, audiencia que se desarrollará desde las 9:00 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua y que estará a cargo del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros.
El magistrado enfrentó los mismos cargos el 26 de abril pasado, cuando la investigación estaba en manos del suspendido fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya.
En esa oportunidad, que no incluyó medidas cautelares -pues se necesitaba una querella de capítulo que la fiscalía requerirá a la hora de una eventual acusación formal para llevar a juicio oral al ministro- el persecutor se basó en cuatro hechos de presuntos delitos de prevaricación, que de acuerdo a los antecedentes, apuntarían a votaciones a favor de clientes de igual número de abogados con los que Elgueta tuvo previamente constantes llamados telefónicos.
Respecto al enriquecimiento ilícito, el fiscal Moya describió presuntos ingresos injustificados del magistrado en su cuentas bancarias por un total de 28 millones 652 mil pesos, que se dividen en depósitos en dinero efectivo por de 17 millones 557 mil pesos, transferencias electrónicas por 9 millones 131 mil pesos y cobro de cheques de terceros por 1 millón 970 mil pesos.
El ministro de justicia, Hernán Larraín, se manifestó confiado en que las instituciones resolverán este conflicto que produce, según él, inquietud en la ciudadanía.
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En tanto, el pleno del tribunal máximo del país declaró inadmisible una reposición de la defensa del otro ministro sancionado, Marcelo Vásquez, que buscaba dejar sin efecto apertura del cuaderno de remoción y desechó reconsiderar la sanción económica en su contra, al determinar que no se aportaron nuevos antecedentes.
Al juez se le inculpa de dictar la resolución en que se contrató a su hija; dar consejo a una persona con cautelar de arresto domiciliario; y conformar la integración de una sala que no correspondía con el sorteo, precisamente para el sobreseimiento de Sebastián Dávalos Bachelet en el caso Caval.
El vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, informó que tras esta resolución se abre el plazo del proceso de remoción contra Vásquez y Elgueta, quienes tienen cinco días para emitir un informe con sus descargos.
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En tanto, la segunda sala del Tribunal Constitucional resolverá el martes de la próxima semana la tramitación y la solicitud de suspensión de su proceso disciplinario, incluida en el requerimiento presentado por la defensa del ministro Vásquez.