El Ministerio Público formalizó la investigación en contra de Patricio Araneda Mena, un taxista que habría falsificado el testamento de una difunta para apropiarse de sus bienes, en Punta Arenas.

Se trata de un hecho que quedó al descubierto tras la presentación de una querella presentada por las sobrinas de la fallecida.

La mujer de iniciales A. B. S. murió sin dejar cónyuge, hermanos o hijos, pero le sobrevivieron dos sobrinas.

Y en el día de su funeral, el chofer de la difunta se acercó a ellas y les indicó que no debían preocuparse de la posesión efectiva, pues el testamento acreditaba que todo era de él.

El heredero universal, albacea y administrador

El documento motivó un proceso judicial que concluyó con su apertura ante el juez del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas. Según la lectura del magistrado, la fallecida había designado al imputado como heredero universal, albacea y administrador de todos sus bienes.

Sin embargo, había elementos que no encajaban en el testamento recién abierto, como por ejemplo que el documento no fue manuscrito por la testadora, sino que consistía en tres hojas de papel blanco impresas.

Además, se había dejado en blanco el día del mes en que supuestamente se otorgó el documento.

También saltó a la vista errores ortográficos, como los apellidos de ambos padres de la difunta, que estaban mal escritos. Asimismo, el testamento concluía con una firma de A. B. S. sin un texto que la precedía.

Perito confirmó intento de fraude

Tras la revelación, las sobrinas contrataron a un perito caligráfico cuyo análisis fue concluyente: su tía jamás había suscrito ese testamento.

El fiscal especializado en delitos patrimoniales, Sebastián González, formalizó al imputado por uso malicioso de instrumento privado falso, un delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel.

Según señaló el persecutor, las víctimas “no pudieron ejercer sus legítimos derechos sobre los bienes muebles e inmuebles que dejaba A. B. S. al momento de su deceso”.

Por solicitud del Ministerio Público, el tribunal le impuso la prohibición de abandonar el país y de acercarse a las víctimas.