El director subrogante del Hospital Base San José de Osorno, Julio Vargas, confirmó a Radio Bío Bío que hay otra denuncia en contra de algunos de los funcionarios que torturaron a un ex trabajador con TEA. El relato y los antecedentes entregados por una mujer permitieron reabrir el sumario contra los involucrados.
La situación que afectó al funcionario con TEA ocurrió entre 2018 y 2020, cuando la víctima llegó a realizar un reemplazo al centro de salud y trabajó con el equipo informático. El hombre fue atado, rapado y quemado con vapor por sus colegas. Muchos de los ataques quedaron registrados en video y fotografías.
En 2020 se inició un proceso sumarial contra los cuatro funcionarios acusados de estos vejámenes, pero el proceso terminó sin sanciones.
Pero hubo un vuelco en 2024, cuando una funcionaria interpuso una denuncia por discriminación. En la instancia, la mujer individualizó a los responsables y aportó un antecedente que ahora es clave. No era el primer caso; años antes, algunos de sus hostigadores habían atacado brutalmente a un extrabajador con TEA.
“Nosotros nos enteramos de esta situación por otra denuncia, por una denuncia de una funcionaria. Algunos de los involucrados se repetían, entonces con mayor razón debíamos actuar rápido y denunciar a la Fiscalía”, afirmó Vargas.
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La trabajadora entregó todos los antecedentes del caso del extrabajador y el director (s) afirmó que inmediatamente los pusieron a disposición de la Fiscalía.
En paralelo, se tomó la determinación de reabrir el sumario en contra de los cuatro funcionarios que salen en los registros. El proceso administrativo ya arrojó las primeras sanciones. Los funcionarios fueron notificados y ahora cuentan con 5 días para apelar la acusación.
Cuando ese plazo se cierre, los antecedentes se enviarán a la Contraloría para la toma de razón.
El ente contralor también adoptó medidas sobre este caso. Ordenó “someter extraordinariamente a control la legalidad de la resolución de ese hospital con la que ponga término al sumario”.
Con ese control buscan “verificar que el procedimiento se ajustó a derecho”. Además, indagarán si existen hechos que configuran eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial.
Investigación de oficio de la Fiscalía
Por su parte, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que se abrió una investigación de oficio tras tomar conocimiento de los videos difundidos a través de redes sociales y que dan cuenta “de hechos constitutivos de delito”.
Es así que se entregó la orden de investigar a la PDI para que realice diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar los responsables. Dentro de esas labores, anunció la persecutora, se tomará contacto con la víctima para brindarle toda la contención necesaria.