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Abren puertas pese a clausuras: municipio de Osorno acusa inacción de Fiscalía por casinos ilegales

Publicado por Daniela Salgado
La información es de Eduardo Palacios

10 abril 2024 | 17:46

De acuerdo con lo expuesto por el encargado jurídico del municipio, tras las clausuras realizadas por la casa edilicia, los dueños de estos recintos no tardan ni dos días en volver a abrir sus puertas, incumpliendo lo establecido.

Desde el municipio de Osorno -en la región de Los Lagosacusan falta de coordinación para erradicar los denominados casinos “ilegales” de la comuna.

El tema fue expuesto en el pleno del Concejo Municipal, donde se reconoció que no hay capacidad fiscalizadora.

Los cuestionamientos de la casa edilicia surgen tras un fallo a favor de la Corte Suprema a las acciones de cierre y clausura de estos establecimientos, que respaldó un decreto municipal de 2020 y que eliminó todas las patentes de juegos electrónicos, bajo la cual funcionaban.

Sin embargo, en la práctica, siguen con sus puertas abiertas, afirmó el encargado jurídico del municipio, Hardy Vásquez, criticando de paso la nula acción del Ministerio Público.

Según reveló, el municipio clausura estos recintos, pero a los dos días vuelven a estar abiertos. Esta rotura de sello, que es el delito que se configura cuando se abre un local con prohibición de funcionamiento, la han denunciado a la Fiscalía, pero nada pasa al respecto.

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Pero la inacción no es sólo del Ministerio Público, ya que, a juicio de Vásquez, también deberían controlar estas instalaciones la Superintendencia de Casinos, sobre todo en comunas como Osorno que no entrega patentes para ese funcionamiento.

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Incluso reveló que al tratarse de dueño que tienen poder económico, han presentado querellas en contra del municipio y del alcalde por impedir el funcionamiento de los casinos irregulares. El encargado jurídico de la casa edilicia reconoce que es “frustrante” para ellos que todos los esfuerzos por erradicar estas instalaciones no den frutos.

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En esas condiciones, confirma que no hay capacidad de fiscalización para evitar la reapertura persistente de estos recintos y reclamó la inacción de los entes que regulan la actividad formal en función de los perjuicios hacia el sector.