Tras individualizar a uno de los autores de las amenazas que recibió personal municipal tras el desalojo del comercio irregular de la Plaza Dagoberto Godoy, el alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, concurrió a tribunales y presentó una querella en contra del responsable.

La acción judicial surge a raíz de audios recibidos de un celular, cuando fiscalizadores realizaba un operativo para sacar a los ambulantes que se toman dicho espacio. En ese contexto, el jefe comunal se reunió con el fiscal regional Roberto Garrido.

Al respecto, Roberto Neira señaló que como Municipalidad se está realizando un gran esfuerzo junto a funcionarios y funcionarias para el control del comercio ambulante: “Esto viene a ratificar las mafias que se tratan de instalar en nuestra ciudad y tomar el control del espacio público, que pertenece a todos los temuquenses. Lo que pretendemos es una condena contra las personas que atenten contra la integridad física, o amenacen a algún funcionario y funcionarios municipal”, indicó.

Asimismo indicó que la querella va dirigida en contra del sujeto que realizó las amenazas, asegurando que este tipo de acciones no “la vamos a permitir”.

El jefe comunal se manifestó confiado en lograr una sanción penal para el presunto autor de las citadas amenazas, detallando que sólo durante su periodo al frente del municipio, ya se han ingresado 7 querellas por similar delito en contra de los funcionarios municipales.

Presupuesto para aumentar fiscalizadores

El alcalde también agregó que “hemos presentado al Concejo Municipal, un presupuesto extraordinario para la contratación de al menos 30 fiscalizadores. Esto está en análisis y espero que el próximo martes (hoy), tengamos los recursos necesarios para poder contratar más personal, a través del Código del Trabajo, por la Asociación de Municipalidades de Temuco y Padre Las Casas; esto, mientras no se apruebe la ley que permite la contratación de personal con responsabilidad administrativa a través del código del trabajo, directamente por las municipalidades”.

Por su parte, el fiscal Garrido explicó que el delito de amenaza contempla sanciones que parten de los 61 días y pueden aumentar, dependiendo de agravantes, como cuando se dirigen a personas revestidas en autoridad, lo que estaría ocurriendo en este caso. “Depende de diferentes factores, porque también hay que considerar los antecedentes anteriores de la persona que está sometida a una imputación de esta clase; en todo caso, son sanciones que pueden llegar hasta los 3 años de privación de libertad, en términos generales”.

Cabe mencionar que, dentro del control del comercio ambulante, también hay agresiones anteriores. Así fue el caso de una vendedora ambulante que lanzó agua caliente al cuerpo de un fiscalizador. Posteriormente, la agresora pudo ser individualizada y los antecedentes fueron presentados a los Tribunales de Temuco.