Una querella por homicidio y cuasidelito de homicidio presentó la familia de Segundo Catril Neculqueo, trabajador forestal de Tirúa, muerto en Lumaco. Si bien la acción legal es contra quienes resulten responsables, apuntan a la negligencia de las empresas mandante y contratista, además del Estado, por no haber tomado las medidas de seguridad para prevenir el ataque armado.
En la querella, ingresada en el Juzgado de Garantía de Traiguén, la familia de Segundo Catril pide a la Fiscalía determinar los autores materiales del disparo que causó la muerte del trabajador forestal, quien se desempeñaba para la contratista de la empresa Mininco, representada por Santos Reinao.
Respecto de los desconocidos se imputa el homicidio, y en el caso de las empresas y el Estado, a través del Ministerio del Interior, se desliza un cuasidelito, al no haber entregado los primeros las medidas de protección que requerían sus empleados.
Asimismo al Gobierno se le acusa por inacción y omisión frente a las amenazas de la CAM en los días previos al ataque armado.
Lo anterior fue confirmado por Víctor Hugo Álvarez, abogado de la viuda y los hijos del trabajador, todos residentes en la comuna de Tirúa.
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Habían solicitado mayor seguridad
Héctor Catril, quien también trabaja para la contratista, sostuvo que efectivamente habían solicitado vidrios blindados en los buses y chalecos antibalas, entre otras medidas, tras las amenazas realizadas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, cuando llamó a “preparar la fuerza” y “organizar la resistencia armada”.
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Pero también hubo advertencias directas al contratista, dijo el abogado Álvarez, sin que estas fueran tomadas en cuenta.
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Consultado el contratista Santos Reinao indicó que desconocía la querella, pero que la entendía desde el dolor que está viviendo la familia y por eso prefería no referirse a la judicialización del caso.