La reforma constitucional que busca limitar los indultos presidenciales comenzó esta semana su tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de haber sido ingresada por parlamentarios oficialistas.

La iniciativa fija restricciones explícitas para impedir que futuras autoridades puedan otorgar beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, instalando un debate que va más allá del actual gobierno y se proyecta hacia el próximo ciclo político.

Entre quienes impulsaron el proyecto, el diputado del PPD Héctor Ulloa sostuvo que “el objeto principal de esta reforma tiene como objetivo, naturalmente, evitar que el Presidente de la República pueda indultar a condenados por delitos de lesa humanidad”.

Desde la oposición, en tanto, el diputado Andrés Longton (RN) —integrante de la comisión de Constitución— calificó la iniciativa como “una estrategia político-electoral frente a las elecciones que vienen”, argumentando que ya existe una reforma avanzada en el Senado que apunta al mismo objetivo.

Desde el Gobierno señalaron que analizarán la propuesta en su mérito y que cualquier modificación en materia de indultos debe resguardar estándares estrictos en derechos humanos.

La ministra vocera, Camila Vallejo, recalcó que la posición del Ejecutivo es clara en torno a que no pueden existir espacios para beneficios que terminen favoreciendo a responsables de delitos de lesa humanidad, subrayando que se trata de un principio “irrenunciable” dentro de la política pública en materia de memoria, verdad y justicia.

En esa línea, la ministra fue tajante al emplazar al candidato José Antonio Kast a aclarar su postura sobre eventuales conmutaciones o indultos a condenados por violaciones graves a los derechos humanos.

Vallejo advirtió que “no hay espacio para medias tintas” cuando se trata de torturadores o violadores de menores, y subrayó que cualquier medida que facilite la liberación anticipada de quienes cometieron estos crímenes “sería inaceptable”.