A casi una semana del despliegue de autoridades en la frontera norte —y en medio de la presión política que dejó el choque con Perú— La Moneda volvió a reforzar hoy su mensaje de “normalidad”. Esto, en el marco de la cuarta sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras.

Aunque es una cita que funciona hace meses, el gobierno la usó como vitrina para reiterar que los flujos están controlados, que no ha aumentado la salida de personas, que la gestión fronteriza avanza por la vía técnica y no bajo el “dramatismo” que marcaron las últimas jornadas.

Con datos de la Policía de Investigaciones (PDI) en mano, desde el Ejecutivo se indicó que noviembre se cerró con menos egresos que el mismo mes del año pasado. Incluso los días de mayor tensión mediática muestran cifras inferiores a 2024. Lo mismo ocurre con las solicitudes de salida de personas en situación irregular, que también disminuyeron.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que “las cifras dan cuenta no solo de un descenso significativo en los ingresos, sino que también que no existe alteración en los egresos en nuestro país”.

Desde Cancillería, el ministro Alberto van Klaveren complementó ese diagnóstico y confirmó que el Comité Binacional de Gestión Migratoria —activado esta semana con Perú— ya conformó sus grupos técnicos y entregará sus primeros reportes el 19 de diciembre.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a tomar distancia del relato instalado por el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano).

Si bien evitó confrontarlo directamente, insistió en que las decisiones del gobierno se basan en estadísticas oficiales, no en lecturas electorales. Esto, asegurando que la idea de una “ola de salida”, producto del clima político, “no tiene sustento en los datos”.

Pero mientras La Moneda intenta descomprimir la situación, en el país vecino la lectura sigue un tono distinto.

El presidente interino del Perú, José Jerí, afirmó que las advertencias migratorias de Kast fueron “un factor” a considerar y que obligan a su país a reforzar los controles para evitar un eventual efecto arrastre desde Chile.