La Contraloría Regional de Antofagasta reveló un nuevo episodio de graves irregularidades al interior del municipio de la capital regional, luego que una abogada del municipio fuera sorprendida ejerciendo su profesión de manera privada en plena jornada laboral, utilizando dependencias municipales y, además, patrocinando causas contra organismos del Estado, pese a que la ley lo prohíbe expresamente.
Según un informe final emitido el 25 de noviembre de 2025, el caso se centra en la actuación de la abogada Paulina Vallejo Rojas, funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, quien —según constató el organismo— litigó en procedimientos civiles y presentó escritos judiciales desde oficinas municipales usando su Clave Única, todo ello mientras figuraba en horario de trabajo.
Entre las causas involucradas aparecen un juicio contra el Ministerio de Obras Públicas y un recurso en contra de Gendarmería.
Junto con ello, Vallejo asistió a audiencias y realizó gestiones en al menos cinco litigios particulares sin autorización ni respaldo administrativo, situación que llevó a Contraloría a calificar varias observaciones como Altamente Complejas, ordenando recuperar remuneraciones indebidamente pagadas y abrir un sumario administrativo.
El informe también apunta a la exdirectora jurídica Jessica Matus Arenas, quien habría estado en conocimiento de las actividades privadas que realizaba la abogada durante su jornada laboral en el municipio de Antofagasta.
Según el organismo, incluso autorizó algunas de ellas sin ningún acto formal que lo justificara. La falta de control fue catalogada como una observación Compleja, obligando al municipio a implementar nuevos mecanismos de supervisión.
Cabe destacar que Matus renunció a su cargo en octubre, según detalla Diario de Antofagasta.
Además de las irregularidades individuales, Contraloría detectó problemas sistémicos en la administración municipal. Entre ellos:
Conciliaciones bancarias incompletas en la cuenta de remuneraciones, sin revisión externa.
Ausencia de protocolos para detectar incompatibilidades en abogados contratados.
Falta de registro contable de movimientos de una cuenta asociada a sueldos líquidos.
Retrasos de hasta 35 días hábiles en trámites administrativos vinculados a la funcionaria auditada.
El municipio deberá corregir estos procedimientos en un plazo de 60 días hábiles y reportar avances mediante el sistema institucional de Contraloría.
Este episodio se suma a otros ocurridos en la misma dirección municipal. Durante la administración anterior, dos abogados usaron recursos públicos para litigar en beneficio del exalcalde, hecho que derivó en antecedentes remitidos al Ministerio Público.