La Fiscalía Nacional hizo entrega del Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de dicha entidad.
El estudio ofrece una radiografía actualizada y detallada de las principales amenazas, dinámicas y tendencias del crimen organizado en el país durante el año 2024, haciendo una comparativa con el 2023.
Así, revela un incremento sostenido de los delitos predatorios —como los secuestros y las extorsiones—, una mayor sofisticación tecnológica de las organizaciones criminales y una creciente infiltración en economías locales y mercados ilícitos, especialmente en las macrozonas Norte y Centro.
Principales hallazgos del informe
Entre los principales hallazgos a nivel nacional, el estudio indica que el tráfico de drogas sigue siendo la actividad criminal predominante, concentrando casi la mitad de los ingresos asociados al crimen organizado en 2023 y 2024.
Ahora, los delitos parasitarios o predatorios (secuestros y extorsiones) son los que más crecen durante 2024. Mientras que los homicidios disminuyeron de forma estadísticamente significativa, aunque el 16,5% de ellos tuvo vínculo directo con el crimen organizado.
Estos últimos se concentran en regiones como Arica y Parinacota, Antofagasta, Bío Bío y en las fiscalías Metropolitanas Sur y Centro Norte, donde incluso se registran tendencias al alza.
En cuanto al lavado de activos, el informe consigna que 100 personas fueron condenadas en 2024, la mayoría derivadas de delitos de tráfico de drogas. Y respecto al uso de armas de fuego, hubo un aumento de 90% en los ingresos por tráfico de armas entre 2023 y 2024.
El estudio también abordó el ingreso de celulares a las cárceles, indicando que en promedio se incautaron 21 dispositivos por día durante 2024. Y también la participación adolescente en delitos, destacando que 44% de los detenidos por robo violento de vehículos son menores de edad.
Análisis por macrozonas
El informe analizó el crimen organizado por macrozonas, identificando así los delitos más presentes en cada una de ellas.
En la Macrozona Norte, informan una alta concentración de mercados ilícitos interdependientes: tráfico de drogas, contrabando, robo de cobre, trata de personas y tráfico de migrantes. Asegurando que persisten niveles elevados de violencia, con presencia de organizaciones transnacionales (colombianas y venezolanas). Se advierte también una amenaza de corrupción activa o pasiva en controles fronterizos.
La Macrozona Centro, en tanto, es la con mayor densidad criminal en el país. Allí se han consolidado organizaciones nacionales y extranjeras, con alta incidencia en narcotráfico, homicidios y extorsiones. Los puertos de San Antonio y Valparaíso son identificados como puntos críticos de tráfico internacional, y existe una alta correlación entre armas de fuego, control territorial y homicidios.
En la Macrozona Sur, en tanto, destacan la expansión de bandas transnacionales, incluyendo células del Tren de Aragua, Los Piratas, La Hermandad y Hermanos Cartier. Identifican un fuerte vínculo entre tráfico de drogas, extorsiones y delitos asociados a recursos naturales (robo de madera, cobre, salmones), y un uso creciente de violencia y tecnología, complejizando la persecución penal.
Finalmente, en la Macrozona Austral existe una menor prevalencia del fenómeno, pero con alta vulnerabilidad geográfica y aduanera. También hay presencia de redes híbridas que conectan actores locales con extranjeros, principalmente en narcotráfico y contrabando.
Análisis de género y nacionalidad
Finalmente, en el análisis de género, se revela que las mujeres tienen mayor participación en delitos de trata de personas (38%), tráfico de migrantes (37%) y tráfico de drogas (26%-33%), con roles logísticos y financieros clave.
Y respecto a las nacionalidades predominantes, bolivianos y colombianos dominan el tráfico de drogas a gran escala; venezolanos el de ketamina, la asociación ilícita y los secuestros y los chilenos el microtráfico y delitos contra la propiedad.
Cordero valora Informe de Crimen Organizado
Desde el Ministerio Público resaltan que este es un estudio inédito en profundidad, que combina análisis cuantitativo y cualitativo, y que incorpora la participación de diversas instituciones del Estado, como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Armada, SENDA, el Servicio Nacional de Aduanas y la Subsecretaría del Interior.
En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el informe señalando que “lo que hace es reportar sobre los resultados asociados a las investigaciones y a la forma en que se ha desarrollado la persecución penal y la intervención policial”.
“Ese informe en algún sentido también revela la forma y modo en que el Estado de Chile ha enfrentado la situación de crimen organizado. Las particularidades que en el país tiene. Es decir, cómo se estructura a partir del desarrollo de economías ilícitas que son altamente rentables o a partir del desarrollo de delitos predatorios”, planteó.
“(El informe) es una manera de exponer a la sociedad chilena no solo lo que está sucediendo, sino que también los resultados de esas intervenciones. (…) Tiene ese mérito y creo que también tiene el mérito que demuestra el trabajo conjunto de las instituciones del sistema de seguridad para arrojar esos resultados”, agregó.
“Yo lo he dicho en otras ocasiones, Chile ha abordado decididamente el combate contra el crimen organizado, ha obtenido resultados del punto de vista de tensiones, desbaratamiento de bandas, pero creo que no hay que olvidar nunca que son tipos de organizaciones que estructuran empresas criminales altamente rentables y que requieren de un ataque persistente y sistemático“, concluyó.