Una de las principales promesas del presidente Gabriel Boric al asumir como mandatario fue sacar adelante el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca garantizar el acceso al cuidado infantil sin importar el tamaño de la empresa donde trabajen las madres o los padres.
El proyecto avanza en el Senado luego de que el Ejecutivo le pusiera suma urgencia, pero corre contra el tiempo si pretende ser aprobado durante esta administración.
Un reciente estudio de Libertad y Desarrollo reveló varias deficiencias en su financiamiento y los riesgos que podría generar en el mercado laboral.
El documento sostiene que el nuevo fondo de Sala Cuna Universal se financiaría principalmente con una cotización adicional del 0,3 % de cargo del empleador, lo que cubriría más del 80% de los ingresos del sistema, mientras que el aporte fiscal solo alcanzaría un 16%.
Según el estudio, este esquema presenta riesgos de sostenibilidad, ya que el número de beneficiarios podría estar subestimado y el costo real del servicio ser mayor al calculado por el Ejecutivo.
El documento también advierte una brecha entre el aporte estimado de 5,2 UTM y el costo promedio de una sala cuna, que supera los 476 mil pesos mensuales. Esa diferencia —explican— tendría que ser asumida por los empleadores, llegando en algunas regiones a copagos de hasta 167 mil pesos.
La economista Ingrid Jones explicó que el modelo del Gobierno no garantiza equilibrio financiero, ya que el fondo podría quedarse corto si aumenta la demanda o suben los precios del servicio. Agregó que, aunque una parte del financiamiento se tomaría del Seguro de Cesantía, dos tercios corresponderían a una nueva cotización, lo que implica un costo adicional para las empresas.
“Para determinar la magnitud del aporte, se debe considerar la sostenibilidad financiera del fondo, lo que también genera cierta incertidumbre, porque, por ejemplo, de querer aumentar el monto que se entrega a las madres y a los padres, se tendría que ajustar la tasa de cotización o el aporte fiscal”, sentenció.
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Además, Jones advirtió que, si se mantiene la fórmula actual, el costo laboral podría subir hasta un 42% real hacia 2028, encareciendo la contratación formal y fomentando la informalidad.
En su opinión, el desafío es modernizar el sistema sin trasladar toda la carga al empleador, evaluando que el financiamiento provenga del Seguro de Cesantía y se focalice en las familias de menores ingresos.
En la misma línea, el abogado e investigador Esteban Ávila señaló que elevar nuevamente las cotizaciones de cargo del empleador podría tener un efecto contractivo en el empleo formal, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra o con salarios más bajos.
“En la práctica, los mayores costos laborales tienden a trasladarse a los salarios mediante menores ajustes reales o a través de la reducción de la creación de menos puestos de trabajo”, explicó.
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En ese sentido, recordó que las empresas ya enfrentan otros aumentos de costos, como la reducción de la jornada laboral, el alza del salario mínimo y la reforma previsional, que también contempla una nueva cotización.
Como alternativa, planteó redirigir parte del financiamiento desde el Seguro de Cesantía y focalizar el apoyo estatal en los hogares vulnerables, para evitar que las pymes y los empleadores de bajos ingresos asuman copagos elevados.
El estudio concluye que, aunque la sala cuna universal podría impulsar la participación laboral femenina, el diseño financiero actual genera incertidumbre y podría poner en riesgo su viabilidad a mediano plazo.