El proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para ciertos condenados fue aprobado en general en una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La iniciativa -presentada por senadores de Chile Vamos- propone la cancelación de la pena de presidio; o su cumplimiento bajo reclusión domiciliaria total para condenados con enfermedades mentales o riesgosas, y para aquellos que tengan 80 años o más, entre otras causales.
Uno de los autores del proyecto, el senador, Francisco Chahuán, defendió la propuesta, señalando que es necesaria su promulgación para adecuar nuestra legislación penal a los estándares internacionales.
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Asimismo, afirmó que la iniciativa no busca la impunidad de los condenados, sino dar un cumplimiento alternativo para estas personas.
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No obstante, la propuesta ha sido criticado desde algunos sectores, indicando que la finalidad no sería otra que la modificación de la pena de los reclusos en el centro penitenciario especial Punta Peuco.
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, estuvo presente la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, en representación del Gobierno.
En su intervención, Quintanilla hizo mención a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la que concluyó que no debe considerarse la edad de los reclusos como único criterio para modificar las penas por crímenes de lesa humanidad.
Según tal información, deben tomarse en cuenta otros factores como la colaboración del condenado para el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos, entre otros.
En palabras de la subsecretaria, y en línea con lo anterior, hay que evaluar la medida considerando todas las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos, y no sólo algunos.
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El mencionado proyecto de ley, el cual se encuentra en primer trámite constitucional, deberá pasar ahora a la sala del Senado para que se dé la discusión general, en que se vota la aprobación o rechazo para su legislación.