Después que desde la oposición aludieran a una acusación constitucional en su contra, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que la liberación del llamado sicario del “Rey de Meiggs” surgió de “otro poder del Estado, en el cual yo no tengo ningún tipo de competencia”.
Consultado por ello, en diálogo con radio Duna, Gajardo recordó que el día martes fue a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde respondió “las preguntas de los diputados, que legítimamente tienen muchas dudas respecto a esto”.
Tras eso, aclaró que “esta situación en particular se origina en otro poder del Estado” que sale de su competencia. Agregando que en lo que sí tiene poder de acción, desde el ministerio han solicitado dos cosas: “Una es que Gendarmeria esclarezca todo lo que ocurrió; y dos, que nosotros vamos a estar disponibles para todos los espacios del Congreso que sean necesarios para entregar esta información, porque entendemos que en el Congreso hayan dudas”.
De esa forma, se mostró abierto a responder las consultas de los parlamentarios, afirmando que “así como nosotros no estamos tranquilos con lo que con lo que ocurrió, por cierto, entendemos también que los diputados y diputadas, senadores y senadoras, están también intranquilos y enojados de manera muy legítima”.
“Entonces nos parece que al menos lo que a nosotros corresponde es entregar toda la información que tengamos, realizar todos los procesos que hay que realizar y poner a disposición todo ello al Congreso Nacional”, cerró.
Las advertencias de una AC contra Gajardo
Recordemos que fue el diputado Jorge Alessandri (UDI) quien deslizó la posibilidad de una AC contra el ministro. Esto, en base a hipótesis que apuntan a un eventual error de tipeo en el nombre del presunto sicario en la solicitud enviada a Gendarmería, o el hecho de que no contara con un RUT, que suele asignársele a extranjeros para este tipo de procedimientos.
“Las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen de un mismo ministro, el ministro de Justicia. Nuestros equipos legales e investigativos están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias”, advirtió el diputado.
“También están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia, para estudiar una acusación constitucional”, agregó.