Duras críticas, incluso desde el propio oficialismo, ha recibido la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, tras reconocer que no advirtió la inhabilidad en la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
Se trata de cuestionamientos que tienen nuevamente en el centro de la polémica a un asesor de La Moneda, en este caso una asesora, sumándose a una lista de funcionarios como Miguel Crispi, Leonardo Moreno y Juan Andrés Lagos.
Recordemos que durante su comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, la abogada y jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, reconoció que no hizo la advertencia de la inhabilidad para concretar la ejecución de la compra, pese a estar en conocimiento de la restricción, aludiendo a que no era su atribución alertar la complicación.
Esto le valió diferentes reproches en el mundo político, siendo apuntada directamente por sectores del oficialismo y la oposición, por exponer al Gobierno y a la figura presidencial.
De hecho, en la sesión de la comisión de Constitución del senado, el senador PS, Alfonso de Urresti, interpeló a la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, solicitando explicaciones por las acciones de Moya.
“Si conocía la norma constitucional y no lo advirtió, quiere decir que carece enteramente de criterio político, a mi juicio, debe pedírsele inmediatamente la renuncia”, señaló.
De todas formas, en el Gobierno blindaron a Francisca Moya, descartando su salida del Ejecutivo. Ante las interpelaciones, la ministra Segpres, Macarena Lobos, aclaró que, al ser un proceso de etapas, la inhabilidad correspondía al momento de suscribir la compraventa, proceso radicado en Bienes Nacionales.
“Yo creo que ella, hasta la fecha que ha trabajado en el ministerio, ha demostrado su solidez jurídica y su competencia, y, por tanto, me parece que opiniones puede haber varias, pero yo, que he trabajado directamente con ella, puedo dar fe de la competencia y valía que tiene”, apuntó Lobos.
“En este caso se mezcló la referencia que ella hacía genéricamente al conocimiento de las normas constitucionales respecto a la inhabilidad concreta que existía en el caso que, como digo, operaba para una etapa posterior, no en el decreto habilitante para la adquisición del inmueble”, agregó.
A esta defensa se sumó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien, ante la crítica de parlamentarios socialistas a Moya, valoró la labor que la abogada ha realizado en el Ejecutivo.
Quién es Francisca Moya, la polémica asesora de la Segopres
Cabe destacar que Francisca Moya es una abogada de la Universidad de Chile, quien llegó a su cargo durante el paso de Giorgio Jackson como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en los albores del actual gobierno, con una remuneración de 7 millones de pesos ($ 7.104.079).
En su currículum publicado en la web del ministerio, se destaca que trabajó como abogada asistente en el Tribunal Constitucional de Chile y como asesora en la División Jurídico-Legislativa de esta cartera durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
De hecho, el propio presidente Gabriel Boric presumió de su amistad con la polémica asesora a través de sus redes sociales, a quien conoció hace unos 10 años, cuando eran compañeros en la universidad.
“Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento”, escribió el mandatario en Instagram.
No obstante, esta no es su primera polémica, ya que también se le señala como quien redactó el polémico borrador que aceleró la tramitación del proyecto de amnistía a los detenidos en el estallido social, según publica La Tercera.
Según se indica en la web de la Segpres, la División Jurídico-Legislativa pude “efectuar, sin competencia resolutiva, la revisión técnico legal y de coherencia global de los Decretos Supremos”.
Asimismo, “participar en la elaboración de la agenda legislativa del Gobierno y en la revisión y estudio de los anteproyectos respectivos, pudiendo proponer opciones legislativas al Presidente de la República, previa consulta con el Ministro del Interior”.