La bancada de diputados de Renovación Nacional arremetió contra la jefa de la división Jurídico-Legislativo de la Segpres, Francisca Moya, quien el pasado lunes reconoció ante la CEI por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende que sabía de la inhabilidad del trato.
En concreto, los parlamentarios Miguel Mellado, Carla Morales, Paula Labra y Andrés Longton, enviaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para fiscalizar el incumplimiento de obligaciones que habría cometido Moya, al no dar aviso de dicha inhabilidad.
Desde el Gobierno han mantenido en su cargo a la abogada, lo que fue ampliamente criticado por los congresistas.
En particular, Longton acusa que esto se debe a la “cercanía, amistad, o probablemente porque sabe la verdad, y eso tiene que ver con que posiblemente informó al Presidente de la República (…) que es incapaz de tomar una decisión de sentido común”.
Así, en el documento los diputados detallan que la función de Moya era “revisar la idoneidad legal del Decreto Supremo N°38 que fue firmado el 25 de noviembre de 2024 por el Presidente Gabriel Boric para autorizar la compraventa de la casa”, agregando que “la Sra. Moya tuvo a la vista el documento e instruyó a algunos de los funcionarios que se desempeñan en su División para revisarlo, y en ningún caso hizo ver el problema de inconstitucionalidad que la compra implicaba”.
“(Moya) afirmó abiertamente que no hizo ver el problema ya que según su impresión “no le correspondía”, pese a que el artículo 6 de la Ley N°18.993 señala que es su División es la que debe analizar la legalidad de los actos que firma el Presidente, incluyendo una eventual inconstitucionalidad”, acusaron los RN.
El reclamo de los diputados RN
Labra (Ind-RN) recalcó que la profesional “ha demostrado una total incompetencia en su cargo, un cargo crítico para el buen funcionamiento del Estado, porque es la última instancia para resguardar la firma del Presidente de la República”.
“Francisca Moya ha vulnerado sus deberes funcionarios de manera expresa. El Estatuto Administrativo, en su artículo 61, establece que es deber de todos los funcionarios públicos informar a la autoridad cuando ellos han detectado una ilegalidad”, realzó.
Además, concluyó emplazando a la ministra Segpres, Macarena Lobos, porque “ella tiene la responsabilidad primaria de iniciar un sumario administrativo por esta tremenda vulneración a la constitución y a los deberes funcionarios”.