A las 08:30 horas de esta mañana está programada la audiencia de competencia inhibitoria que tendrá lugar en el Juzgado de Garantía de Arica, luego de la solicitud ingresada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, en la requirió la inhabilitación del tribunal civil al considerar que el caso debe ser investigado por la Justicia Militar.
El requerimiento ha generado una disputa legal, ya que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso de los conscriptos por el delito de apremios ilegítimos, la causa debería permanecer en jurisdicción civil, ya que se trataría de violaciones a los Derechos Humanos.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, alertó que el Estado chileno podría verse afectado por sanciones de tribunales internacionales al quebrantar tratados relativos a la protección de los Derechos Humanos, en caso de que el caso sea visto por la Justicia Militar.
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Según la abogada especializada en Derechos Humanos, Karinna Fernández, si la causa de los conscriptos es asumida por la Justicia Militar se vulnerarían nuevamente sus Derechos Humanos.
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El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, prefirió no abordar la discusión sobre qué tribunales deben revisar el caso, sosteniendo que corresponde a una decisión de un juzgado de Garantía.
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El Ministerio Público ya designó al persecutor encargado de liderar la investigación en relación con la muerte del conscripto Franco Vargas, recayendo la indagatoria en el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.