El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló un sondeo que hizo al Ministerio del Interior, entre los años 2019 y 2022, el que muestra la baja efectividad que tiene la Ley de Seguridad del Estado.
Posterior al estallido social, solo 1/5 de los casos terminó en una condena. En concreto, del total de 781 causas, 434 tienen imputados/as, 245 tienen acusados/as y en 153 existe alguna condena.
Por esto, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, señaló que el principal problema con esta ley, es que no tiene un fácil acceso a la información para descubrir si es que realmente está funcionando.
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El senador e integrante de la comisión de Seguridad, Iván Flores (DC), declaró que la ley funcionará cuando el Gobierno actúe con “firmeza”.
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El diputado Andrés Longton (RN), también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, afirmó que el Gobierno generó una sensación de “impunidad” al retirar querellas de delitos causados en el contexto del estallido social de 2019.
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Del total de 781 querellas, se reflejó que en la mayoría de los casos las investigaciones fueron cerradas sin responsables por falta de antecedentes, o bien, porque no se logró acreditar un delito y la participación en el mismo.