A 21 días de que venza el plazo para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ingresó la llamada ley Corta de Isapres. El texto -de 46 páginas- será tramitado con urgencia simple, por lo que excederá los plazos de cumplimiento del dictamen.

El proyecto busca fortalecer a la Superintendencia de Salud para instruir a las aseguradoras adecuar los precios finales de los contratos, la suspensión del cobro a niños y niñas menores de dos años y que estas instituciones informen en seis meses el número de contratos a devolver y el monto total de la deuda.

Según señaló la noche de este martes el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, el Ejecutivo resolvió NO pedir prórroga a la Corte Suprema, bajo la tesis de que el fallo del máximo tribunal solo pide ‘determinar el modo de hacer efectiva la adecuación de los contratos’. No significaría que deban comenzar a pagarse desde el 1 de junio.

En una minuta del Ministerio de Salud que circuló este martes se preguntan: ¿Se da cumplimento a la sentencia con la presentación del proyecto de ley?

Enseguida responden: El superintendente hará una presentación a la Corte Suprema, informando que la aprobación del proyecto de ley es necesaria para la aplicación universal de la sentencia.

Elizalde confirmó la decisión de dar por cumplido el fallo al iniciar el trámite, descartando pedir prórroga.

En la oposición, el senador gremialista de la comisión de Salud, Sergio Gahona, señaló que si el Ejecutivo quiere tener un proyecto de ley ‘adecuado’, debe ir al máximo tribunal del país a pedir más plazo.

Por su parte, Senadores de la comisión de Salud fueron a revisar el proyecto y se encontraron con que no está lo que más requerían: Las cifras. Cuánto dinero, cuántos contratos, qué plazo.

El presidente de la instancia, el socialista Juan Luis Castro, dijo en el Senado que le ‘consta’ -tras haber hablado con el ejecutivo- que esta tarde en el comité se entregarán las cifras de deuda y beneficiados.

Chile Vamos enrostra que existía un compromiso del Ejecutivo de que este proyecto se tramitara con discusión inmediata y más en el contenido, desconfían de la capacidad de la Superintendencia de Salud de hacer ejercer esta función.

El presidente de RN e integrante de la comisión de Salud, Francisco Chahuán, llegó tan lejos como para decir que el Gobierno busca la caída del sistema privado de salud.

A este proyecto no le espera un camino corto porque tiene un objetivo mayor. Debe cambiar la normativa de Isapres, para establecer condiciones que cumplan la sentencia y busquen mantener las coberturas de los afiliados. Se habla de 600 mil contratos y los rangos de dinero van desde los 400 millones a los mil 400 millones de dólares.

Las empresas deberán presentar un plan de pago de los excedentes, y que esos recursos no formen parte de la garantía legal ni los indicadores de liquidez y patrimonio. La idea aquí es evitar que al hacer los pagos se estén afectando las prestaciones de salud de casi tres millones de personas.