Convencionales constituyentes del Partido Comunista solicitaron la salida del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, por las presuntas violaciones de derechos fundamentales “sin sanción” durante el “estallido social”.

“El actual director del INDH, Sergio Micco, no puede seguir dirigiendo dicha institución, dado que sus decisiones contravienen los principios de dicho organismo en tanto defensa y promoción de los derechos humanos. Su actitud pone en riesgo la integridad de las personas y promueve la impunidad”, sostuvieron.

Asimismo, pidieron liberar a las personas detenidas desde el 18 de octubre de 2019.

El grupo acusó la aplicación de “medidas desproporcionadas e infundadas”, aludiendo a los diversos casos de personas que han pasado meses e incluso más de un año, en prisión preventiva y que luego son absueltas.

Los constituyentes afirmaron que ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial o el Gobierno han ayudado a mejorar la situación en la que se encuentran los presos de la revuelta. Por esto, solicitaron también la aprobación del proyecto de indulto que se tramita en el Congreso.

Carolina Videla, constituyente PC por el distrito 1, sostuvo que no existen pruebas concretas para que las personas detenidas permanezcan en prisión.

Los constituyentes del PC afirmaron, además, que “el rol del INDH ha sido clave para la persecución de las violaciones de derechos humanos, aunque desde hace un tiempo se ha vuelto errático”, según expuso Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social.

Los convencionales señalaron que propondrán una disposición transitoria en la nueva Constitución, para condenar la prisión política y exigir la liberación de las y los detenidos de la revuelta.

Ante estas declaraciones, Carlos Belli, abogado del INDH, recordó que el organismo es autónomo y afirmó que no “se deja pautear por ninguna fuerza política”.

Los constituyentes del Partido Comunista afirmaron, además, que la Fiscalía debe dar respuestas ante lo que calificaron como “la opacidad” con la que ha tratado los procesos de “presos políticos”, y las diferencias en medidas cautelares que se han utilizado para investigar a los agentes del Estado identificados en causas de violaciones a los derechos humanos.