El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, anunció que el Ministerio resolvió dejar sin efecto el polémico convenio entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
La decisión se tomó, indicó, “con el objeto de velar por el resguardo absoluto de datos sensibles del servicio”. Junto con esto, se solicitó al Sename un protocolo para poder manejar requerimientos de información.
El texto del convenio generó escozor en la Defensoría de la Ñiñez, especialistas en la protección de datos sensibles y en los propios colaboradores de la institución. Entre otros acuerdos, apuntaba a “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”.
Asimismo, buscaba desarrollar “una alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencia, propias de cada institución”.
El documento suscrito el pasado 21 de febrero y divulgado a principios de la semana pasada por el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename (Sintrasub), fue firmado en ese entonces por la directora del Sename, Susana Tonda, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán.
Tras el anuncio de este lunes, el exdirector del Sename, Francisco Estrada, manifestó que se trata de una buena noticia y que “aunque (el subsecretario) no lo diga, reconoce los problemas jurídicos, históricos y políticos que tenía esta iniciativa”.
“Es lamentable que la defensa que han hecho los subsecretarios en la Comisión de Constitución ha sido tan escueta y pobre, simplemente han leído los artículos sin lograr comprender los problemas que subyacen a una iniciativa de este tipo”, sostuvo, acotando que el anuncio del protocolo solicitado al Sename es otra buena noticia, pero “preocupante”, pidiendo que se resguarden exigencias como el resguardo de confidencialidad y la “pertinencia”.
La decisión fue también anunciada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Matías Walker, manifestó que el convenio vulneraba el Artículo 19 número 4 de la Carta Magna, respecto de la protección de datos personales.
Indicó que se solicitó que los principios contemplados en dicha ley sean contemplados en el nuevo protocolo, y que su elaboración cuente con la supervisión de la Defensoría de la Niñez y del Consejo para la Transparencia.