La diputada radical Marcela Hernando, quien denunció ante Fiscalía a la subsecretaria Alejandra Bravo por cohecho, valoró que el presidente Sebastián Piñera le haya pedido inmediatamente la renuncia tras conocerse los hechos.
Según reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el oficio que envió al Ministerio Público establece que en la región de Antofagasta se estarían ofreciendo terrenos a un grupo de pobladores a cambio de que firmen la ficha de militancia en el partido Nueva Clase Media para que pueda inscribirse y tener representación en esa zona nortina.
Se trata de una colectividad cuyo presidente es Eduardo Salas, marido de la subsecretaria de Estado. La presentación ante la fiscalía contiene audios que revelan la asistencia de su jefe de gabinete a Calama, donde pide a los posibles beneficiados mantener reserva de la reunión. Acto seguido, se escucha cómo una dirigenta comunal, que también sería parte de la tienda, pide a los presentes que adhieran porque la subsecretaria “se va tirar a diputada pero pa’l nuevo partido (…) Ella nos pide la firma y nos va a apoyar”.
“La lucha tiene que ser despiadada”
Luego de que el presidente Sebastián Piñera pidiera la renuncia de la subsecretaria tras conocerse la denuncia, la diputada sostuvo que le parece “que es una muy buena reacción”.
“La verdad es que es esperanzador que el Presidente haya dado un golpe tan rápido. Si bien esto públicamente se ha hecho conocido esta mañana, nosotros hicimos llegar la denuncia a la fiscalía el 29 (de octubre). Me parece que es la forma correcta de reaccionar porque contra la corrupción yo creo que no hay medias pintas, y la lucha tiene que ser despiadada”, sostuvo.
Dijo preocuparle las personas que le hicieron llegar la denuncia, y que pertenecen a los miembros del Comité de Vivienda. En detalle, dijo haber recibido denuncias de viajes “demasiado asiduos” a la región, pantallazos de WhatsApp y audios que “claramente se configuraba un delito”, lo que hizo llegar a Fiscalía.
Pese a que la subsecretaria se desentendió de las denuncias responsabilizando a asesores del ministerio que “habrían realizado actos contrarios a las normas y políticas ministeriales”, la diputada deslizó no creer en dicha versión debido al vínculo marital que tiene Bravo con el dirigente del partido en formación.
“Lo más probable es que si uno hace un cruce de información entre comité de vivienda y personas que pertenezcan a este partido, nos vamos a encontrar con más de una sorpresa”, indicó, resaltando que las personas a las que se les habría pedido la militancia “son víctimas”, presionadas por su necesidad de tener su terreno para su vivienda.
Ante todo esto, indicó que los aludidos en la denuncia “tendrán ahora la oportunidad de defenderse”, y acotó que incluso ha estado recibiendo más información de situaciones similares de otras regiones.