La Contraloría General de la República aclaró que los estudiantes que se atrasen más de un año en sus carreras pierden el beneficio de la gratuidad y deben pagar el costo total de los aranceles, además de los derechos básicos de matrícula durante el primer año de exceso.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que los alcances del dictamen del órgano contralor están siendo analizados por el Ministerio de Educación y sólo habrá un pronunciamiento del Ejecutivo cuando dicho análisis haya finalizado.

Desde el oficialismo pedirán al Gobierno que solicite a la Contraloría la reconsideración del dictamen, ya que, según afirmó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, esta medida perjudica a los estudiantes.

La diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, quien preside la Comisión de Educación de la Cámara, llamó al Ejecutivo a implementar la mesa técnica que debe abordar los problemas de la gratuidad para que no sean los estudiantes quienes deban pagar las fallas que tiene la Ley.

En concreto, el dictamen sostiene que si un estudiante fue beneficiado con la gratuidad y durante 2019 permanece en una carrera o programa de estudios que, de acuerdo a su duración formal, debió haber concluido en 2018, la entidad educacional podrá cobrarle como máximo el 50% del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula durante el primer año de exceso.

Este dictamen del organismo surgió a partir de una solicitud de aclaración sobre los límites del beneficio, que realizó el Consejo de Rectores; y sobre el pago del 50% del arancel por retraso de un año, que efectuó el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.