En cuanto a materias migratorias, el segundo gobierno de Sebastián Piñera llegó con un claro objetivo: “ordenar la casa”.

Su nueva administración llevaba tan sólo 4 días cuando –en un foro de Icare– el ministro del Interior, Andrés Chadwick, no sólo anunció que no avanzarían en el proyecto de Nueva Constitución de Michelle Bachelet sino que también prometió nuevas directrices para regular la llegada de extranjeros al país.

En la instancia, Chadwick declaró que recibirían ciudadanos foráneos “que aportaran” y que velarían por mantener afuera a aquellos que “no sean idóneos” ni que tengan “las condiciones para poder compartir o vivir junto a nosotros”.

Lo anterior derivó en nuevas exigencias a ciudadanos haitianos y venezolanos y un proceso regulatorio extraordinario que culminó en julio, al que se acogieron 155 mil personas de las 300 mil que se esperaban.

Con respecto a aquellos que decidieron no regularizar su situación en el país, el Gobierno anunció el 3 de octubre que le solicitaría a la Policía de Investigaciones (PDI) que reforzara sus controles para encontrar a quienes optaron por marginarse del proceso.

Tal medida ya obtuvo sus primeros frutos el lunes 8, según consignó La Tercera. Durante aquella jornada se realizaron controles masivos a inmigrantes en Santiago: de los 153 controlados, 46 no participaron del proceso.

En su mayoría fueron ciudadanos de Perú, Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, según el jefe nacional de Extranjería y Policía Nacional de la PDI, prefecto inspector Víctor Nakada.

Éstos fueron sometidos a un proceso sancionatorio, lo que podría terminar con multas o su expulsión de suelo nacional.

“Este tipo de fiscalizaciones, porque así nos mandata la Ley, las hacemos siempre, pero ahora las hemos intensificado con tal de identificar a quienes no participaron del proceso de regularización”, dijo al citado medio.

De acuerdo al trabajo policial, Nakada detalló que son tres los tipos de inmigrantes que han detectado en estas fiscalizaciones.

Primero, aquellos que abiertamente decidieron no regularizarse para perpetrar robos; otros que mantienen antecedentes penales en sus países de origen y los que no se enteraron del proceso extraordinario o no confiaron en el.