El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) que fue víctima de un “secuestro” tras haber sido extraditado a Países Bajos.
Quien fuera la máxima autoridad filipina, acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019, fue detenido el pasado martes en Manila.
En su primera audiencia en el tribunal internacional de La Haya, el exgobernante filipino señaló que el caso en su contra es un “ajuste de cuentas” de carácter político.
“Hace dos días el que fuera presidente de un país soberano fue introducido en un avión”, indicó su defensa ante la Sala 1 del TPI.
Esto “podría ser descrito como una entrega extrajudicial o, para la gente menos entendida en términos legales, como un puro y simple secuestro”, agregó.
A su vez, acusaron que su detención es sólo “un ajuste de cuentas” emprendido por el actual presidente de Filipina, Ferdinand Marcos Jr, quien -afirman- busca “neutralizar” el legado de Duterte.
“Reto a la acusación a que explique cómo esta transferencia no ha sido otra cosa más que un abuso de los procedimientos”, lanzó la defensa, añadiendo que Duterte padece “problemas médicos que le están debilitando”, incluyendo daños en su audición, por lo que creen “difícil” que pueda “contribuir en algo a estas audiencias”.
Los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas “atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas”, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Estos “actos violentos” se cometieron, señala el TPI, como parte de “una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato”.
La orden tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga -en su mayoría personas empobrecidas en zonas urbanas- y debido a ejecuciones extrajudiciales, según la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.