Este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que Chile recurrirá al Tribunal Penal Internacional si es que se confirma que Diosdado Cabello ordenó el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda.
Esta hipótesis surgió a raíz de la declaración de un testigo clave en la investigación, quien dijo que Cabello, ministro del Interior de Venezuela, habría sido quien ordenó y pagó por el secuestro y posterior homicidio del militar (r).
Incluso, el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), mencionó que el nombre de Cabello ya había surgido durante las primeras etapas de la investigación.
Al respecto, Tohá indicó que esta mañana el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que hay antecedentes sustantivos “que indican un vínculo entre el horrendo homicidio del exteniente Ojeda e instrucciones o mandatos hechos desde autoridades de Venezuela”.
Junto con remarcar que por ahora “son antecedentes preliminares”, la titular de la cartera remarcó que si la investigación los confirma, Chile acudirá al Tribunal Penal Internacional, entre otras medidas.
Qué es el Tribunal Penal Internacional y cuál es su jurisdicción
El Tribunal Penal Internacional, llamado también Corte Penal Internacional (CPI), es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
Se rige por el Estatuto de Roma, adoptado en la ciudad italiana en julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
Tal como detalla Human Rights Watch, comenzó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 “para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda”.
“A 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia”, remarca.
No obstante, reconoce que también “ha atravesado retrocesos, y a medida que proliferan las crisis de derechos humanos asociadas con delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores”.
Según explica la CPI en su portal oficial, como tribunal de última instancia busca complementar, y no reemplazar, a los tribunales nacionales.
Se trata de un órgano judicial independiente que no forma parte de las Naciones Unidas aunque cuenta con el respaldo de la Asamblea General de la ONU.
Su principio de complementariedad es clave, ya que establece que el tribunal solo intervendrá si los sistemas judiciales nacionales no pueden, o no quieren, llevar a cabo investigaciones o juicios.
Jurisdicción sobre cuatro crímenes principales
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte, otorga a la CPI jurisdicción sobre cuatro crímenes principales.
En primer lugar aparece el delito de genocidio, “el cual se caracteriza por la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros o por otros medios”, indica la CPI.
En segundo lugar, la CPI puede procesar crímenes contra la humanidad, definidas por la Corte como “violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier población civil”.
Al respecto, las 15 formas de crímenes contra la humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma incluyen delitos como asesinato, violación, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud (en particular de mujeres y niños), esclavitud sexual, tortura, apartheid y deportación.
En tercer lugar están los crímenes de guerra, los que constituyen violaciones graves de los Convenios de Ginebra en el contexto de un conflicto armado. En este apartado se enumeran, por ejemplo, el uso de niños soldados o el asesinato -o la tortura- de personas como civiles o prisioneros de guerra.
Finalmente, dentro de la competencia de la CPI se halla el crimen de agresión. “Es el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otro Estado”, consigna la Corte.
Diferencias de la CPI con la Corte Internacional de Justicia
A menudo se genera una confusión entre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la Corte Penal Internacional (CPI).
La ONU detalla que la forma más sencilla de explicar la diferencia es que los casos de la primera afectan a países, mientras que la segunda es un tribunal penal que juzga a individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
Además, la CIJ puede iniciar investigaciones y abrir causas de oficio relacionadas “con presuntos crímenes cometidos en el territorio o por un nacional de un Estado que haga parte de la CPI o de un Estado que haya aceptado su jurisdicción”.
Al resolver disputas legales entre Estados y asesorar a organismos de la ONU, la CIJ podría decidir sobre límites territoriales o tratados internacionales. En cambio, la CPI se enfoca exclusivamente en individuos responsables de crímenes graves contra la humanidad.