Líbano recibió una orden de detención de Interpol contra Carlos Ghosn, el magnate de la industria automovilística que huyó a Beirut desde Japón donde era juzgado por malversación de fondos, anunció este jueves el ministro de Justicia libanés.
“La fiscalía general (…) recibió una alerta roja de Interpol concerniente al caso Carlos Ghosn”, indicó Albert Sarhane, citado por la agencia de prensa oficial ANI.
Tras una huida rocambolesca, el expresidente de Renault-Nissan procesado en Japón por malversación financiera, llegó el lunes a Líbano, aunque se desconoce su paradero exacto.
Interpol no emite órdenes de arresto propias ni puede comenzar investigaciones ni incriminar a personas, pero los países miembros y los tribunales internacionales pueden solicitar la publicación de “alertas rojas”.
Estos avisos de búsqueda y captura internacionales se apoyan en las órdenes de arresto nacionales, cuyos datos se transmiten a otros miembros mediante mensajes criptados.
Piden reformar sistema judicial japonés
La huida de Carlos Ghosn, inculpado en Japón, donde estaba en libertad bajo fianza, dio lugar a llamados a endurecer el sistema judicial japonés pese a que, en el extranjero, se considera que ya viola los derechos humanos de los acusados.
“¡Ya me lo imaginaba!” respondió un funcionario de Nissan al enterarse de la fuga a Líbano de su exjefe, acusado de presuntas malversaciones financieras. “¿Es así como quiere demostrar su inocencia, huyendo al extranjero?”. Según el diario japonés Asahi Shimbun, “no se debería conceder la libertad bajo fianza a los sospechosos que nieguen los cargos que se les imputan”, añadió este alto representante del fabricante de automóviles.
Este firme dictamen refleja el parecer de muchos japoneses para los que, al marcharse, el expresidente ejecutivo de Renault y Nissan casi demuestra su culpabilidad.
“Eso es lo que predijimos”, recordó al periódico Mainichi Shimbun un fiscal bajo cobertura del anonimato. En efecto, la fiscalía no dejó de argumentar ante el juez que no se debía dejar salir “al sospechoso Ghosn” de su prisión en Tokio, alegando que existía “un riesgo de destrucción de pruebas y de fuga”.
El tribunal consideró que esa probabilidad era baja y puso fin a su detención preventiva, pero bajo estrictas condiciones, entre ellas la de no ver ni contactar a su esposa Carole, presentada como el cerebro de la operación de fuga, según la prensa extranjera.
“Los ricos consiguen escapar”
Oficialmente, el gobierno japonés aún no ha respondido. Sin embargo, además de los votos de los electos del partido gobernante, los medios de comunicación pidieron que endurezca los procedimientos de libertad bajo fianza.
El caso Ghosn “demuestra que los ricos que cuentan con apoyo consiguen huir al extranjero, independientemente del rigor con los que los tribunales imponen condiciones de libertad bajo fianza”, resume Tsunehiko Maeda, exfiscal.
La huida del exmagnate del automóvil se considera un acto de cobardía y un obstáculo para el sistema judicial japonés. “Para evitar que este tipo de caso se repita, debemos debatir la manera de colmar las lagunas del sistema, elevando el importe de la fianza al valor de todos los bienes del acusado y adoptando un método de vigilancia electrónica con un seguimiento GPS”, lo que no existe actualmente en Japón, sugirió el diario conservador Yomiuri Shimbun, el más leído del país.
El arresto de Ghosn, en noviembre de 2018, arrojó luz sobre el sistema judicial japonés, muy diferente de los occidentales y considerado extremadamente severo. Los sospechosos detenidos por los fiscales pueden ser interrogados inicialmente durante 48 horas, seguido de dos periodos de diez días por decisión de un juez.
En virtud del principio de “un delito, una detención”, el sospechoso puede ser detenido varias veces consecutivas, prolongando así su arresto y superponiéndose a la detención preventiva, activada casi automáticamente en caso de acusación.
Así sucedió con Ghosn, quien pasó 130 días encerrado entre noviembre de 2018 y abril de 2019, acusado de cuatro cargos en total.
“No todos los sospechosos detenidos son procesados, sólo un poco más de la mitad lo son. La fiscalía vela para que sólo se remita al tribunal a aquellos que los investigadores están convencidos de su culpabilidad”, recuerda a la AFP el exfiscal y ahora abogado Yasuyuki Takai.
“Imaginen que el 30% o 40% de las personas juzgadas por un tribunal sean absueltas. La opinión pública japonesa se preguntará porqué tantos acusados, que no han hecho nada, son llevados ante un tribunal y porqué los investigadores trabajan tan mal”, explica.
