Pasaron unos 18 años desde que el empresario venezolano Antonini Wilson ingresó a Argentina una maleta con casi 800.000 dólares sin declarar, caso que derivó en la condena por contrabando del exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti, para que otro “valijagate” volviera a salpicar a un gobierno de Argentina. Esta vez, le tocó al libertario Javier Milei.
La escena del pasado 26 de febrero fue registrada en el Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad de Buenos Aires) por cámaras de seguridad y analizada por fiscales: una mujer bajando desde Miami con valijas (maletas) que eludieron el escáner, funcionarios que no respondieron pedidos de informes -o los desmintieron sin mucho fundamento- y un avión privado que se quedó una semana sin vigilancia en un hangar.
Una de las protagonistas de la historia es Laura Belén Arrieta, vinculada a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y al comité organizador, con llegada al presidente Javier Milei y a los altos mandos de su círculo político, a juzgar por las fotos que se tomaron el año pasado.
Según pudo reconstruir el diario La Nación, la mujer de 32 años trabajó en dos aerolíneas y tuvo formación en cursos de tripulación de aviación ejecutiva. Hasta hace poco figuraba como empleada de OCP Tech, empresa especializada en soluciones tecnológicas con presencia en Argentina y Miami, y también de COC Global Enterprise, compañía de alta tecnología liderada por el empresario Leonardo Scatturice.
Se trata del mismo hombre, hoy nuevo dueño de la low cost Flybondi, que es propietario del misterioso avión y señalado como exagente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Cercano al asesor presidencial Santiago Caputo y al entorno de Milei, al empresario lo ubican como el nexo entre el libertario y el entorno del presidente estadounidense Donald Trump.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina (PIA), que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez, detectó al menos una decena de irregularidades en el vuelo que aterrizó aquel 26 de febrero en Aeroparque. El dato que sobresale del expediente es que las valijas bajadas no coinciden con las declaradas y que varias no fueron escaneadas, según fotografías y testimonios incluidos en un dictamen de 50 páginas.
El contenido de ese informe, que llegó también a manos del Congreso tras un pedido de la opositora Coalición Cívica, podría complicar a más de un funcionario por presunta violación de los controles aeroportuarios y aduaneros, justo en el marco de un gobierno como el de Milei que pregona sobre la transparencia.
Para el Presidente, el caso es un “disparate”. Negó vínculos con la “valijera” Arrieta y con Scatturice, el propietario de la aeronave cuestionada. “Conozco el nombre, pero si pasa por acá no sé ni quién es”, dijo el miércoles pasado en radio El Observador.
“Básicamente, el criterio es que vos sos inocente hasta que se pruebe lo contrario. En rigor, los controles en Aduana son discrecionales. Los determina la gente de Aduana”, apuntó en su vaga explicación.
El vuelo con la “valijera” Laura Arrieta y un gobierno que quiso esquivar el escándalo culpando al periodismo
En marzo, las primeras alarmas sobre un avión procedente de Miami a Aeroparque fueron encendidas por el periodista Carlos Pagni en el canal de noticias LN+. Se habló de un Bombardier Global 5000 con matrícula estadounidense N18RU, que eludió los controles que sí les aplican a otras aeronaves (y pasajeros).
El avión transportaba a Laura Belén Arrieta junto con los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Permaneció en el país hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a París, vía Tenerife, con la misma tripulación y la incorporación de Víctor Germán Du Plooy, también de OCP.
De acuerdo a Pagni, uno de los más influyentes en la conversación mediática de Argentina, una orden superior habría impedido a la Aduana trasandina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) revisar las maletas de la pasajera Arrieta: “No hay que mirar nada acá”.
En paralelo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) llegó a presentar cuatro pedidos de acceso a la información pública a Migraciones, PSA, Aduana y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ninguna de las instituciones respondió.
“Cuando el Gobierno pierde credibilidad, lo que queda es el encubrimiento. Y eso ya lo conocemos demasiado bien en la Argentina”, escribió Ferraro en X.
Es que, cuando se conoció el sospechoso caso, el vocero presidencial Manuel Adorni apenas dijo en una conferencia de prensa que todo “se hizo según protocolo” y justificó el caso en que Arrieta era una “pasajera en tránsito”. Incluso, empleó sus habituales “chicanas”, algo que visto hoy lo deja mal parado.
“Pensar que uno puede salir de Estados Unidos con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada, infiere o que sos un imbécil, o que, efectivamente, tenés malicia”, lanzó Adorni el 12 de marzo último contra los periodistas.
Pero los registros obtenidos recientemente por la PIA lo contradicen: el avión arribó con diez piezas de equipaje y sólo se informaron cinco. Videos publicados esta semana por el canal TN revelaron capturas de la pesquisa que muestran a la “valijera” Arrieta y a dos colaboradores bajando más maletas de las que se indicaron originalmente.
En lo respectivo a la investigación judicial, se hallaron inconsistencias en los datos migratorios, dudas sobre el aeropuerto de origen en Florida y ningún seguimiento formal durante la semana que la aeronave pasó en el hangar de Royal Class, empresa que gestiona vuelos VIP.
Ahora, las sospechas más graves del dictamen judicial que divulgó el diario Clarín apuntan a una hipótesis concreta: una orden política -no oficializada- que habría flexibilizado los controles en el aeropuerto exclusivamente para ese avión relacionado con la CPAC.
Las hipótesis sobre el motivo se multiplicaron: desde un operativo diplomático a supuestas maletas con hardware para tareas de inteligencia. La Fiscalía, por ahora, se enfoca en el vacío institucional y la falta de control sobre un vuelo privado con acceso directo a sectores del poder.
La PIA también solicitó la identificación de la agente aduanera que liberó el paso sin inspección, y pidió determinar el recorrido de al menos cinco camionetas blancas que se acercaron al avión entre que aterrizó y fue guardado en el hangar. Ninguna figura formalmente en los reportes de movimiento.
La empresa del avión negó el “valijagate”
Tras la difusión de las imágenes en televisión, OCP Tech salió a negar los datos: “La aeronave, la tripulación y la pasajera cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país. Transportaban cuatro valijas y cuatro maletas de cabina, además de dos paquetes menores. Como es habitual, cada participante tenía una valija y un carry-on”, aseguraron.
También defendieron que el avión “quedó cerrado con llave en un hangar videovigilado durante una semana” y que no hubo pasajeros no registrados. Aseguran que todo el operativo se ajustó al protocolo para vuelos en tránsito.
Pero la contradicción con el material de la fiscalía ya está en la Justicia. Si bien aún no hay imputados, el caso suma tensión interna en el oficialismo, a pocas semanas de largar la campaña electoral para crecer (o retener) la representación legislativa y avanzar con mayor margen para la aprobación de reformas y ajustes.