Con el fin de que “los pagadores de impuestos no sufran las consecuencias de los extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos”, el gobierno de Javier Milei avanzó esta semana con una reforma en el régimen migratorio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para “tapar el colador”.
Es que Argentina reforzará controles en las fronteras con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay para impedir el ingreso de extranjeros de manera ilegal y así, según la administración libertaria, lograr una disminución de delitos como el narcotráfico o el contrabando, además de sumar el cobro en salud y educación pública para “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
Con este paquete, tal como analizó BioBioChile, Milei apunta a recalibrar una política migratoria que -según su diagnóstico- quedó vieja, laxa y sin equilibrio fiscal.
Las medidas de Argentina para “tapar el colador” de las fronteras: contra los delitos y la residencia irregular
La reforma migratoria de Argentina, elaborada por el equipo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, redefine las reglas de juego para extranjeros: endurece el acceso a la residencia y la ciudadanía, crea un camino exprés para grandes inversores, impone restricciones de ingreso y habilita la expulsión más ágil de personas con antecedentes.
El anuncio llegó de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en la última semana reapareció varias veces ante las cámaras para comunicar medidas de amplia repercusión, como la quita de aranceles a teléfonos móviles. El funcionario, uno de los que más suele entregar titulares polémicos y virales, es candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, comicios que tienen lugar este domingo y que Milei sigue de cerca para torcer allí la hegemonía del PRO, su ex-aliado político.
En el centro del paquete de la reforma migratoria hay una premisa clara: cortar con lo que en la Casa Rosada llaman un “abuso del sistema argentino por parte de extranjeros oportunistas”.
“Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, lanzó Adorni en contra de los tiempos del kirchnerismo (2003-2015; 2019-2023).
En un comunicado de la Oficina del Presidente, el gobierno de Milei indicó que “las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular”. Sin embargo, la cifra es bastante engañosa.
De acuerdo al censo de 2022 (el último oficial disponible), los ciudadanos extranjeros que viven en viviendas particulares en Argentina son 1.933.463 y representan el 4,2% de la población total, siendo mayoritariamente paraguayos (27%), bolivianos (17,5%) y venezolanos (8,4%).
Vale recordar que no es la primera vez que se busca reformar los requisitos de inmigración. En 2017, el intento fallido de Mauricio Macri (Cambiemos) vía DNU fue frenado por la Justicia y, luego, rechazado por el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos). Esta vez, los libertarios pulieron los puntos críticos del texto para evitar un nuevo revés, además de valerse del respaldo ciudadano y de un contexto favorable a la medida.
Adorni anunció que “cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera, será rechazado por las autoridades migratorias”, pero es algo ya presente en la Ley de Migraciones N° 25.871, sancionada en 2003. Su artículo 29 dice que una causa “impediente del ingreso y la permanencia de extranjeros” es haber “sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas” o delitos con una “pena privativa de la libertad de tres años o más”.
Otro punto que mencionó el portavoz de Milei es que aquellos extranjeros que cometan un delito en territorio argentino, cualquiera sea su pena, serán automáticamente deportados, pero aún no se detallaron los procedimientos legales ni los tiempos.
Entre las novedades, la más polémica: para acceder a la ciudadanía habrá que residir de manera continua por dos años dentro del país, sin salir del territorio.
Si el extranjero viaja, el reloj vuelve a cero. La única excepción será una figura que todavía no tiene letra chica, pero ya tiene nombre: “ciudadanía por grandes inversiones”. Se trata de un atajo para quienes desembarquen capital significativo en la economía local.
Los requisitos para la residencia permanente también se ajustan. Ya no alcanzará con ser padre de un argentino: esa condición sólo habilitará una residencia temporaria. Para pasar a la categoría permanente, habrá que demostrar arraigo, medios económicos “suficientes” (lo definirá la reglamentación) y no tener antecedentes penales.
Cambian, además, los márgenes de tiempo para conservar la residencia. Los permanentes no podrán estar fuera del país por más de un año (hoy son dos). En el caso de los temporarios, el plazo se achica a seis meses. Fuera de esos límites, se pierde el estatus.
En cuanto a la obtención de la ciudadanía argentina, Adorni se limitó a expresar: “La ciudadanía argentina sólo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país, sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”.
¿Cuántos extranjeros cometen delitos en Argentina?
Hasta fines de 2023, la población carcelaria en la Argentina alcanzó las 111.967 personas, según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) en su último informe disponible.
El 6% de los detenidos eran extranjeros (6.644), y casi la totalidad de ellos provenía de países limítrofes y Perú. Paraguay lidera el origen de los internos extranjeros con 1.923 personas, seguido por Bolivia (905) y Perú (857). Chile aparece en el cuarto lugar con 479 reclusos de esa nacionalidad en Argentina.
Además, el 39,2% de la población privada de libertad no tenía condena firme, y el sistema registraba una sobrepoblación del 20%, con la tasa de encarcelamiento más alta de la historia: 240 presos por cada 100.000 habitantes.
Por otro lado, el informe 2024 del Ministerio Público Fiscal detalla que dentro del Sistema Penitenciario Federal hay 1.884 extranjeros detenidos, un 16,1% de esa población. De ese grupo, casi siete de cada diez son de Paraguay, Bolivia y Perú. Si se agregan los de Brasil, Uruguay y Chile, las personas de países limítrofes representan más del 80% de los internos extranjeros.
Cobrar a extranjeros por hacer uso de hospitales y universidades públicas
La puerta de entrada a Argentina también se vuelve más estrecha. Toda persona deberá presentar una declaración jurada y seguro médico, algo que cualquier argentino debe cumplir cuando sale de su país ante cualquier eventualidad en su salud.
En otra medida, ya anticipada hace meses, la reforma migratoria de Milei habilita el cobro por servicios de salud pública y educación superior a extranjeros no residentes. Si así lo desean, las universidades nacionales tendrán vía libre para fijar aranceles a estudiantes foráneos, siempre que no se vulneren acuerdos de reciprocidad. En hospitales nacionales, sólo quedarán exentas las emergencias.
En salud, la norma firmada por Milei busca extender a nivel nacional medidas ya aplicadas por los gobernadores de las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy y Santa Cruz, que alertaron sobre los famosos “tours sanitarios” desde 2023 por los precios “regalados” en cirugías y terapias de alta calidad debido a la brecha cambiaria. Hoy, con el peso argentino fortalecido, ya dejó de ser atractivo.
Según datos oficiales, se pretende que se minimice el gasto de 114.000 millones de pesos argentinos (unos 100 millones de dólares al cambio actual) que significó la atención a extranjeros de los últimos tiempos.
Por otra parte, el impacto del cobro en universidades dista de ser trascendente para las arcas estatales.
El informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023”, elaborado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación de la Nación, precisa que unos 2.720.531 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de Argentina, de los cuales solamente 122.769 eran extranjeros. Representaban entonces el 4,1% del cupo de pregrado y grado, y 9,9% del nivel de posgrado.
Curiosamente, la participación foránea era mayor en las universidades privadas: 5,5% versus el 4,3% de la matrícula del sector estatal.