Martín Soria, un reconocido jurista de 45 años, era hasta ahora diputado y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara. A diferencia de su antecesora, Marcela Losardo, amiga y exsocia del Presidente, no es una persona del entorno de Alberto Fernández.
Tampoco es un hombre cercano a Cristina Kirchner, pese a que la actual vicepresidenta ha denunciado un supuesto law fare (la utilización de la Justicia con fines políticos).
Suficiente para que algunos consideren el nombramiento de Soria como un avance de la expresidenta sobre el Gobierno de Fernández, con el fin de implementar una reforma judicial que permita terminar con las causas contra Cristina Kirchner.
Como diputado, Soria es uno de los impulsores de una causa que investiga supuestas presiones políticas a jueces de parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), conocida como la “mesa judicial”.
“Se imaginan a un juez reunido con Alberto Fernández en la Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra Macri? ¿Sería un escándalo, no? Pero el juez Gustavo Hornos (Casación Penal) visitó a Macri antes de procesar la vicepresidenta Cristina Kirchner y nadie se enteró. #LawfareAlPalo”, se lee en un tuit de Soria fijado el 8 de febrero pasado.
En otro mensaje reciente en la misma red social, el diputado escribió: “Otro día les cuento cómo la Casa Rosada no sólo fue la sede donde se planificaba la persecución a los opositores políticos, sino también la sucursal de los negocios espurios del Clan Macri”.
El presidente ha efectivamente anunciado su intención de presentar un proyecto de ley ambicioso, oficialmente para mejorar el funcionamiento de la Justicia, preocupación que Soria dice compartir.
Que sea con ese fin o con el que se le atribuye a los kirchneristas, la composición actual de la Cámara de Diputados -en la que el oficialismo no tiene mayoría- parece impedir que una reforma judicial no consensuada con la oposición pueda ser adoptada por el Congreso.
La ahora exministra Losardo había manifestado su voluntad de alejarse del cargo luego de que el presidente lanzara duras críticas al funcionamiento de poder judicial y la Corte Suprema, en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.
El nombre del reemplazante de Losardo generó un cúmulo de versiones durante la última semana. La exministra, una abogada de total confianza del mandatario pero sin vínculo con la política partidaria, presentó la renuncia el viernes pasado y asumirá como representante argentina ante la UNESCO, con sede en París.