Cientos de empresas estatales venezolanas están en quiebra. La población pasa hambre a la vez que observa cómo sus servicios públicos colapsan y sus proveedores de energía, internet y alimentación no logran suplir sus necesidades.
En este contexto, reporta Bloomberg, los dirigentes venezolanos están acudiendo a lo que llaman “alianzas estratégicas” para suplir estas falencias, en decisiones que parecen alejarles de los dogmas del socialismo.
De acuerdo con el medio especializado, nueve fuentes distintas confirmaron que el gobierno de Maduro está traspasando la administración de empresas clave, como procesadoras de café, plantas químicas, hoteles y silos de granos, a inversionistas privados.
Estos ejecutivos, que sin embargo no adquieren la propiedad de dichas compañías, se encargan de cubrir la nómina y las inversiones a cambio de un porcentaje de los ingresos.
En particular, individualiza a las compañías alimentarias Agropatria y a Lácteos Los Andes, pero acota que son muchas más las que están siguiendo este camino.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, valoró Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas, según lo citó Infobae. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.
A su vez Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, sostuvo que “el gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje (…) dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.
Dichas alianzas habrían comenzado a formarse “silenciosamente” desde 2017, siendo complementada legalmente en 2020 con la “ley anti bloqueo” promulgada por el chavismo, permitiéndole eludir procesos como la licitación.
En algunos casos, incluso están regresando a manos de sus dueños originales, información difícil de detallar por cuanto los acuerdos son secretos, aunque según Bloomberg generalmente toman forma de concesiones por 5 a 10 años.
Economía venezolana en crisis
Venezuela cerró 2020 con una inflación acumulada de 2.959,8%, según cifras publicadas este jueves por el Banco Central (BCV), constató la Agence France-Presse.
La inflación reconocida por el BCV, de línea oficialista, está por debajo de las estimaciones del antiguo opositor Parlamento electo en 2015, que desde 2017 divulgaba su propio índice inflacionario ante el retardo en la publicación de cifras oficiales.
En diciembre de 2020, fijó el índice de enero a noviembre en 3.045,92%.
El BCV reportó además que la variación de precios, en medio de un ciclo hiperinflacionario, fue de 46,6% en enero, una caída con respecto a diciembre pasado, que cerró con 77,5%.
Dejando incluso de divulgar durante meses, el BCV suele registrar demoras en la publicación de indicadores económicos.
Las últimas cifras oficiales actualizadas daban cuenta de una inflación acumulada entre enero y septiembre de 844,1%.
Venezuela, sumida en la peor crisis de su historia moderna y transitando su séptimo año consecutivo de recesión, cerró 2019 con inflación de 9.585,5% según el ente emisor.
En paralelo, el valor de la moneda local -el bolívar- se ha desplomado, escenario en el que ha ganado terreno el dólar en el país petrolero, que sufre la inflación más alta del mundo.
Cuba, un paso hacia la derecha
En Cuba, en tanto, se vive un verdadero cambio de paradigma: el gobierno está renunciando a su reticencia histórica a tomar medidas de apertura al sector privado para reactivar el crecimiento y el empleo, algo que según analistas podría seducir al presidente estadounidense Joe Biden.
“Definitivamente, es una tremenda señal en un momento clave, cuando en Estados Unidos la administración ha dicho que está revisando la política de (Donald) Trump hacia Cuba”, que reforzó el embargo vigente desde 1962, asegura Ricardo Torres, economista de la Universidad de La Habana.
En La Habana, todavía se evoca con nostalgia el histórico acercamiento iniciado a finales de 2014 por Barack Obama y Raúl Castro, entonces presidentes de los dos países, antiguos enemigos de la Guerra Fría.
Como herramienta para la emancipación del pueblo cubano, Obama alentó el empoderamiento del sector privado, que experimentó un verdadero auge, con la apertura de bares, restaurantes y tiendas.
Pero los emprendedores privados locales quedaron atrapados en una lista de 127 actividades autorizadas por el Estado, y no ocultaron su frustración.
Ahora “hay un cambio de filosofía, porque estamos haciendo todo lo contrario”, dice Torres y subraya que “todas las actividades (unas 2.100) están abiertas a la participación del cuentrapropista, excepto esas 124” que seguirán siendo responsabilidad del Estado.
Así, habrá asalariados privados en la agricultura, la construcción, la programación de computadoras o la enseñanza de idiomas, explicó recientemente la ministra del Trabajo, Marta Elena Feito.
“Ya era hora”
En Twitter, Ben Rhodes, quien fue consejero de Obama, saludó la noticia como “una señal bienvenida” y agregó que “la administración Biden puede hacer que esto sea más beneficioso para el pueblo cubano reanudando la apertura a Cuba lo antes posible”.
“Ya era hora”, reaccionó el senador estadounidense Patrick Leahy. “Estados Unidos debería afirmar que el embargo nunca tuvo la intención y no se utilizará para penalizar a la empresa privada en Cuba”, indicó.
De todas formas, entre los dirigentes cubanos “todavía hay mucho escepticismo con la palabra privado”, que prefieren reemplazar por la palabra “no estatal, porque (…) tienen un problema ideológico de ver el sector privado como gente que puede conspirar contra el poder”, afirma el economista Omar Everleny Pérez.
Pero esta vez no hay alternativa: “este es un país que decreció un 11% en 2020, en el que las exportaciones decrecieron en un 40%” y “como consecuencia las importaciones decrecieron en un 30%”.
La idea es, por tanto, reducir la participación del Estado (85% de la economía) para dar más espacio al sector privado.
“Raúl Castro llegó a decir que en este país le sobraban 1,5 millones de trabajadores” en el sector público, y con las reformas emprendidas, logró mover “medio millón hacia el sector privado, pero todavía queda un millón de personas”, recuerda Pérez.
El modelo que viene a la cabeza es el de Vietnam, gran aliado de Cuba y donde el Partido Comunista logró mantenerse en el poder liberalizando fuertemente la economía. “Estamos todavía un poco lejos de eso, pero (los dirigentes cubanos) lo tienen en mente”, estima.
La “lección” de Vietnam
Vietnam, que también estuvo bajo un embargo de Washington que fue levantado en 1994, “logró superar el conflicto con Estados Unidos. Así que desde el punto de vista geopolítico, hay una enseñanza que es importante reconocer”, sostiene Pérez.
Si bien admite que “hay paralelos” entre los dos países, Torres recuerda que el sector público en Vietnam era más pequeño y el país muy rural. “Cuba se parece más a (la) Europa del Este” del bloque soviético, apunta.
Pero también “hay una lección que extraer” de la experiencia del país asiático: “obviamente hay un dinamismo en el sector privado”. Entonces, subraya, “si quieres que la economía crezca, si quieres crear empleo, no queda mas remedio que crear un marco para que el sector privado pueda crecer”.
Para John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, “el Partido Comunista de Vietnam reconoció hace años lo que tenía que hacer para sobrevivir y lo hizo”.
“Durante décadas hemos dicho que Cuba debe imitar el modelo vietnamita, pero las autoridades de La Habana siempre se han opuesto. En 2021, fue exactamente ese el camino que emprendieron”, sostiene Kavulich.
Ahora, “la administración Biden debe creer que la administración de (Miguel) Díaz-Canel se toma en serio la reestructuración de la economía”. Si esto ocurre, “entonces será mucho más fácil para Washington crear oportunidades de compromiso”.