En Perú, el presidente de la Comisión Permanente y quien encabezaba el disuelto congreso de dicho país, Pedro Olaechea, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la disolución del organismo decretada por el presidente Martín Vizcarra.
Según reportó El Comercio, la demanda fue elaborada por un equipo jurídico del organismo disuelto, a pedido de Olaechea.
Además, en un segundo documento, pidió mediante una medida cautelar al TC que suspenda los efectos de la disolución del Congreso, presentándose como presidente de este organismo, desconociendo con ello la decisión de Vizcarra.
Se trata de un nuevo episodio de la crisis política que vive el país vecino, gatillada luego de que Vizcarra disolviera el parlamento invocando normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.
Que se revierta la disolución
Según detalló El Comercio, en su demanda competencial Olaechea tiene 4 peticiones principales.
Lo primero es que el TC declare que el Poder Ejecutivo, encabezado por Vizcarra, “no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza sobre atribuciones que son competencia exclusiva del Congreso. Esto en referencia a la elección de los nuevos magistrados del TC”.
En segundo lugar, propone que la cuestión de confianza sólo pueda ser otorgada por el Congreso de forma expresa mediante una votación del pleno, y “no de manera tácita o ‘fáctica’, pues ello implicaría menoscabar las competencias constitucionales del Congreso para aprobarla o denegarla”.
El tercer punto solicitado por Olaechea es que la cuestión de confianza deba plantearse, debatirse y votarse “respetando los procesos establecidos en el reglamento del Congreso, en función a sus prerrogativas de autorregulación”.
Finalmente, pidió que se declare la nulidad de la disolución del Congreso decretada por Vizcarra.